Las reformas necesarias del 2009

El problema de la educación nacional es de promesas incumplidas, de mucho discurso y pocos aspectos que finalmente aterricen en acciones concretas que lleven a modificar el sistema educativo peruano. Esto prácticamente agudiza el problema, señala el ex ministro de Educación, Nicolás Lynch, quien sostiene que, por ejemplo, en el 2002, en el Acuerdo Nacional, se logró consensuar entre los actores del sector que el 6% del PBI se orientase a la educación, lo cual no se ha cumplido y el presupuesto no sobrepasa el 2,8% del PBI.

Es decir, muchas palabras, mucho discurso, pero no se arriba a nada. En ese sentido, el ex ministro considera que el 2009 los compromisos asumidos frente al presupuesto del sector educación deben ser antes que nada cumplidos. No solo porque demostraría que las autoridades están asumiendo los acuerdos, sino porque permitiría financiar reformas de fondo que aún están pendientes en el sector.

"La única prueba de amor que el Gobierno puede dar para demostrar que está realmente comprometido con las reformas educativas es que se le aumente el presupuesto. Porque puede dar todas las leyes que quiera, pero si no las financia no tiene ningún sentido", indica Lynch.

En términos de montos, el presupuesto del sector educativo se ha incrementado en los últimos dos años (en el 2007 fue de S/.9.549 millones, el 2008 aumentó S/.800 millones y el 2009 en 4,3%). Pero en referencia al PBI el porcentaje sigue disminuyendo.

El presidente del Instituto de Pedagogía Popular (IPP), Sigfrido Chiroque, indica que si bien el aumento en montos del presupuesto es necesario para un sector que tiene carencias por donde se lo mire, también es importante que el sector lo gaste adecuadamente. Y es que el 2007, el sector educación devolvió 15% de su presupuesto al Tesoro Público y por el ejercicio 2008, Chiroque estima que se devolvería alrededor del 20% del presupuesto anual, lo cual suena contraproducente.

"Hay personas que pedimos más presupuesto para el sector educativo y cuando nos encontramos con esto quedamos en ridículo", señala.

En ese sentido, Chiroque considera que la preocupación inmediata es mejorar la gestión del presupuesto del sector educación optimizando la calificación de los cuadros medios que gestionan los recursos. Además, indica que es el propio Ministerio de Economía y Finanzas el que traba muchos proyectos, lo que desalienta también el gasto.

Hugo Díaz, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, considera que lo que se requiere es realizar una reingeniería en la gestión educativa y es algo que en realidad debería formar parte de la agenda del sector durante este nuevo año, sobre todo en la administración intermedia: las direcciones regionales y las unidades de gestión educativa locales (UGEL), pues en la medida que estas no mejoren, poco o nada se les podrá exigir a los centros educativos para que mejoren la calidad de la enseñanza.

"Allí hay que fortalecer más el acompañamiento altamente técnico y especializado", sostiene.

Pero, además, un proyecto de corto plazo, según Díaz, es corregir los desaciertos en términos de formación de capital humano. Indica que las necesidades del sector están aumentando y no se está preparando los recursos profesionales que permitan sostener ese crecimiento, "hay que emprender de una vez por todas la elaboración de un plan de desarrollo de recursos humanos de alta calificación que puedan ser formados no solo en los mejores centros nacionales sino en extranjeros", señala.

DE CARRERA
Sin embargo, la reforma principal que debe estar en la agenda del 2009 es, sin duda, según los especialistas, una que se ha quedado a medio camino durante el año pasado: la ley de reforma de la carrera pública magisterial.

Lynch explica que es para este tipo de temas que el Gobierno requerirá de un presupuesto consistente, si es que quiere hacer --ahora sí-- las cosas en serio.

"Se ha dado la ley hace una año y medio pero no se financia y la capacitación, que es uno de los elementos claves de la ley de carrera pública magisterial, se hace en forma paralela y no integrada a la ley", señala.

Díaz considera que hay que priorizar los esfuerzos para comenzar la aplicación de la carrera pública magisterial en el personal docente activo, lo que permitirá que los docentes sepan a dónde apuntar si es que se hacen los esfuerzos de capacitación necesarios.

Como se recuerda, la ley no fue aplicada el año pasado por un hábeas corpus presentado por el Colegio de Profesores del Perú, que se opuso a las evaluaciones docentes. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha determinado que estas se aplican dentro de la ley.

Díaz explica que esto no es solo importante por los docentes que actualmente están desempeñándose en el sistema educativo, sino por la necesidad de ir incorporando nuevo personal. Se requieren cerca de 25.000 nuevos maestros cada año que requieren de una evaluación rigurosa de sus capacidades. Así, Díaz explica que de no tomar acciones inmediatas se tendrá en el 2009 un año perdido más.