Enviar

Controles de daño que terminan en controles de nada

Por: Juan Paredes Castro

De vuelta de vacaciones me encuentro con más de lo mismo: el Gobierno y el Congreso siguen empeñados en utilizar controles de daño frente a la corrupción, dejando casi intacto el terreno fértil en el que ella se mueve: la propia maraña legal del Estado.

En efecto, de nada nos sirve que una comisión parlamentaria ad hoc esté a punto de concluir sus investigaciones sobre las oscuras concesiones de exploración petrolera si por lo menos otra comisión similar no se dedica a plantear la eliminación de las engorrosas reglas de juego que propician la corrupción en ese campo de la inversión pública y privada.

Y que no nos sorprenda el hecho de que todo el ruidoso escándalo de los 'petroaudios' acabe ahogado en la silenciosa y descarada impunidad de siempre.

Seguramente por mucho tiempo más vamos a quejarnos también de los nominativos sueldos de la oficialidad policial, con el consiguiente problema de que tienen que ser completados, en la práctica, mediante vales de alimentos y combustible.

Y como es sabido que esto genera corrupción, cualquier control de daño será inútil, mientras el Congreso y el Gobierno no decidan realmente encarar el problema como se debe.

A propósito, en tiempos de Allan Wagner se dio una ley de corrección salarial en el sector Defensa que aparentemente los sucesivos ministros del Interior no lo tomaron como ejemplo a favor de la oficialidad policial. ¿Es que confiaban pasar primero por el filtro de Economía y Finanzas, con el riesgo de que no dieran pie con bola? De controles de daño de este tipo, atracados en instancias equivocadas o ineficientes, no podemos esperar sino controles de nada.

Sucede igual con los controles de daño que se quieren aplicar a los presupuestos de los programas sociales, en un intento por racionalizarlos y por alejar de ellos precisamente las prácticas corruptas que los rodean. Sin embargo, como no se eliminan las raíces del daño, que son los obsoletos padrones de beneficiarios, producto de los acumulados favoritismos políticos, no hay posibilidad de volverlos a la normalidad, es decir a la decencia.

Bienvenidos, pues, los controles de daño. Pero apliquémoslos no solo de cara al daño mismo y sus consecuencias, sino de cara a las condiciones que lo posibilitan, a vista y paciencia de los propios poderes públicos.

Estos poderes públicos debieran advertir el peligro de caer, queriéndolo o no, en la condición de tontos útiles de una criminalidad que nace y se expande a costa de las propias entrañas del Estado.