ESPECIAL
Por Elizabeth Cavero
El Congreso aprobó los proyectos de ley N° 2958 y N° 2959 enviados la semana pasada por el Poder Ejecutivo. Según la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, los cambios contenidos en ambos proyectos terminan de adecuar la legislación peruana a los compromisos asumidos en el tratado de libre comercio con Estados Unidos .
Una vez que ambas normas hayan sido promulgadas y publicadas, y luego de que el Ejecutivo termine de publicar todos los reglamentos --se calcula que son 20 y el Gobierno planea aprobarlos esta semana-- las autoridades de Estados Unidos emitirán una acreditación y el presidente George Bush hará un informe en el que señalará que el Perú ha culminado el proceso de implementación.
Con todo ello, Aráoz estimó que el TLC comenzará a aplicarse el 1 de febrero. Según el Gobierno, este tramo final debe terminar antes del lunes 20, pues es la fecha del cambio de mando en Estados Unidos y el nuevo gobierno liderado por Barack Obama tendrá por prioridad la agenda interna. Con la nueva administración se pondría en riesgo la implementación del acuerdo, afirmó Aráoz.
La ministra se presentó ayer ante el pleno del Legislativo para sustentar ambos proyectos. También estuvieron los titulares de Justicia, Rosario Fernández; de Agricultura, Carlos Leyton; de Salud, Óscar Ugarte, y Ambiente, Antonio Brack, quienes expusieron cada uno sobre la materia de su competencia.
El proyecto 2959 (ley bus según la diapositiva que llevó el ministro de Salud) incluía cambios en diversos temas, desde la penalización del soborno internacional y la distribución no autorizada de señales satelitales, hasta procedimientos para registro sanitario y sanciones por la violación de propiedad intelectual.
En el debate, los congresistas criticaron reiteradamente al Poder Ejecutivo por urgir al Parlamento a aprobar los proyectos sin mayor análisis y por convertir al Congreso --se dijo-- en una mesa de partes. Pero también hubo objeciones de fondo. Carlos Torres Caro dijo, por ejemplo, que al elevar algunas penas el Ejecutivo renuncia a la vigilancia y control y se traslada la responsabilidad al Poder Judicial.
Janet Cajahuanca (Bloque Nacionalista) cuestionó que no se protejan adecuadamente los conocimientos colectivos (por ejemplo los de las comunidades indígenas) cuando son de dominio público. "¿Qué es dominio público?", cuestionó.
Desde la bancada de Unidad Nacional, favorable a los proyectos, se dijo que la legislación era buena para el Perú con o sin TLC, pues adecúa las normas a los estándares internacionales. Según Juan Carlos Eguren (UN), quien abrió y cerró el debate, las objeciones no fueron de fondo.
TIERRAS COMUNALES
El primer proyecto, el N° 2959, se aprobó con 61 votos a favor y 29 en contra, y entonces el pleno pasó a una materia aun más controversial, la del proyecto N° 2958, que modifica varios puntos del Decreto Legislativo 1090, emitido en junio del 2008 por el Ejecutivo en uso de las facultades legislativas. Oswaldo Luizar (BN) señaló que el DL 1090 es inconstitucional, pues norma sobre temas que deben ser objeto de una ley orgánica y que, por lo tanto, solo corresponde aprobar al Congreso. "Con este proyecto ahora el Ejecutivo quiere legalizar el DL 1090", cuestionó.
Fuera del tema constitucional, la oposición sostuvo que esta iniciativa del Gobierno será fuente de convulsión social, pues deja desprotegidas a las comunidades indígenas y nativas en lo que respecta al usufructo de las tierras.
Sucede que, si bien el Gobierno ha retrocedido aceptando que debe reconocerse el patrimonio forestal nacional y que no puede autorizarse el cambio de uso de las tierras forestales o con potencial forestal, la ley sancionada ayer incluye una excepción "cuando se trate de proyectos declarados de interés nacional".
La parlamentaria Elizabeth León dijo que con ello el propio Ejecutivo puede declarar de interés nacional un proyecto de concesión de tierras, entregarlo al concesionario y obligar a que las comunidades que usan esas tierras las abandonen. "¿Qué van a hacer con los indígenas? ¿Los van a encerrar?", cuestionó la cusqueña Hilaria Supa.
El Apra, Unidad Nacional y el fujimorismo, que tenían los votos asegurados, casi no intervinieron y los nacionalistas se retiraron del pleno en señal de protesta antes de que el proyecto 2958 fuera aprobado. Según Víctor Mayorga (BN), el Gobierno podría enfrentar ahora protestas de organizaciones comunales.
LAS CIFRAS
0,2%
Representan las exportaciones peruanas en el mercado estadounidense. Por eso, con solo penetrar 0,1% más en dicho mercado, nuestras exportaciones crecerían 60%.
31,6%
Del valor exportado en 1993 a EE.UU. explotaba sistemas de preferencias. En el 2003 esa cifra llegó a 56,6%, luego del ATPA (1993) y del ATPDEA (2001).
3,4
Fue la cifra por la que se multiplicaron las exportaciones peruanas a Estados Unidos entre 1993 y el 2003.
42,3%
Aumentaron los envíos de los sectores minería y petróleo tras el primer año del ATPDEA.
36,1%
Crecieron los textiles y confecciones en ese mismo período.
DEL CONSULTOR
Afinamientos y precisiones*
Las propuestas que hizo el Poder Ejecutivo se han venido negociando hasta el último minuto porque, si bien se estaba tratando de dar por cerrado el tema con los decretos legislativos que se sacaron hace unos meses, Estados Unidos hizo algunas observaciones, de modo que hemos tenido que adecuarnos. Con la aprobación del Congreso se debe dar por cerrado el tema y el proceso de implementación del tratado de libre comercio debería culminar esta semana.
Acerca de la premura de las modificaciones, ello ha ocurrido porque hasta último minuto el Perú ha estado negociando, es decir, ha estado tratando de no mover la legislación que ya había aprobado. Obviamente, uno tiene que hacer hasta el último esfuerzo, y por ese motivo se ha entrado al Congreso de la República con tan poca anticipación.
Los cambios que se han propuesto no van a perjudicar a ningún sector en particular. Ellos están reflejando lo que se está negociado en el tratado de libre comercio. Pero es cierto que en el tema forestal, el decreto legislativo que se había aprobado en la gestión del ministro de Agricultura Ismael Benavides estaba constituido por unas normas muy avanzadas que trataban de dar mayor flexibilidad a las inversiones forestales, y Estados Unidos ha pedido que esto no se haga como parte del tratado de libre comercio, sino que se regrese a la legislación que tenía el Perú originalmente; se trata de un tema puntual de concesiones privadas.
No hay nada en las normas propuestas que esté en contra de lo pactado en el tratado de libre comercio. Son afinamientos y precisiones.
* Patricia Teullet. Gerenta general de Cómex Perú