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'Chuponeo': hora de investigar y evitar desvíos

Como si se hubiera encontrado y jalado el hilo de la madeja, cada día aparecen nuevos ángulos y detalles, cada cual más sorprendentes y escabrosos, sobre las mafias que, sin ningún escrúpulo y como si estuvieran protegidas por alguien, siguen cometiendo el grave delito de interceptación telefónica.

Empezó con el audio León Alegría-Quimper y continuó con la separación de los directores de contrainteligencia e inteligencia de la Marina, pasando por la detención de personal y equipos de una empresa involucrada en este esquema delictivo.

Gracias a la acción coordinada y valiente del Ministerio Público y de la Policía Nacional (Dinandro) hasta ahora, podemos decir que, por primera vez en el Perú, estamos cerca de llegar al núcleo de esas mafias y de descubrir a sus principales responsables.

En este contexto tan complejo y suponemos que no exento de presiones que deben ser denunciadas de inmediato, saludamos que el titular del juzgado 15, Edwin Yalico Contreras, haya autorizado la apertura y el deslacrado de los discos duros decomisados en las oficinas de Business Track y, junto con eso, esperamos que amplíe el plazo que demanda la investigación preliminar.

Se espera del fiscal a cargo, Walter Milla, un desempeño igualmente profesional y acorde a derecho. Los peruanos tenemos derecho a saber qué hay en esos discos, a quiénes compromete como operadores y clientes, así como el modus operandi y las reales dimensiones del esquema delictivo que finalmente afecta la estabilidad del Estado, hasta ahora incapaz de garantizar el básico derecho a la privacidad de las comunicaciones.

Por lo pronto, si bien se ha evidenciado conexiones con ciertos miembros de la Marina y otros institutos armados, lo que señalan los expertos y el sentido común es que dichas mafias no podrían haber operado durante tanto tiempo sin tener presencia, clandestina se supone, en las empresas de telefonía, así como apoyo tácito del poder político y mediático, con lobbies de supuestos especialistas o comentaristas que escudaban su proceder.

Eso es lo que ha permitido que cada vez que saltaba una denuncia periodística contra las mafias de 'chuponeo', de inmediato se activara un sistema que, en principio hacía eco de la denuncia y prometía investigar "hasta las últimas consecuencias", pero luego aparecían versiones confusas y, al fin, todo terminaba en nada.

Eso no puede suceder ahora. Los peruanos no podemos permitir desvíos, enjuagues ni contramarchas en una investigación tan fundamental para el saneamiento ético de la nación, lo que pasa por arrancar de raíz estas mafias aberrantes. No solo violan las comunicaciones privadas sino que utilizan la información conseguida ilícitamente para chantajes inmundos, destrucción de imagen de personajes públicos o espionaje industrial, lo que distorsiona el sistema de libre y leal competencia.

Los equipos de fiscales, jueces y policías que han empezado a investigar y procesar al grueso de inculpados y evidencias merecen justo reconocimiento. Pero no solo eso, también requieren apoyo, sobre todo de sus superiores, para terminar de erradicar definitivamente estas hediondas mafias que extorsionan y lucran con algo tan sagrado como el secreto de las comunicaciones y el respeto por la intimidad de las personas.