Sin vergüenza

Por: Jaime de Althaus Guarderas

La resistencia de las juntas de usuarios de riego a la nueva institucionalidad del manejo del agua es indefendible. Es tan ilegítima como la del Sutep a las evaluaciones y la carrera pública meritocrática, pues se opone a un sistema que busca poner algo de orden a fin de asegurar la conservación y la generación del recurso y no solo su distribución-desperdicio sin garantía alguna ni siquiera del mantenimiento de la infraestructura, que es lo que ocurre ahora.

Lo peor de todo es que la nueva institucionalidad ni siquiera toca el meollo del problema, que es la autofijación por parte de las comisiones y juntas de usuarios de la tarifa que pagan por el agua, lo que lleva a que esta --crecientemente escasa-- se dilapide y ni siquiera se pueda mantener los sistemas de riego. El resultado es que el Estado --nosotros, los contribuyentes-- tengamos que ir en auxilio de los valles destinando centenares de millones de soles anualmente a recuperación y mantenimiento de canales, represas, etc.

Lo único que hace el decreto 1081 es crear una institucionalidad que permitirá planificar mejor no solo un uso más racional del agua, sino su generación misma --que haya más agua-- a partir de las cuencas, como debe ser. En los consejos de cuenca intervendrán todos los usuarios --ciudades (alcaldes), industriales, mineros, etc., y no solo los agricultores. Pero estos últimos y sus juntas seguirán fijando sus tarifas y supervisando la distribución del agua de riego, pues el decreto no se atrevió a disponer que sea la autoridad del agua la que fije las tarifas, como debería ser.

Es, entonces, el colmo de la frescura que Málaga y compañía argumenten que el decreto 1081 privatiza el agua. ¡Es al revés! El agua está ahora privatizada, porque su administración está en manos de los agricultores, y el decreto no se atrevió más bien a estatizar esa administración, que es la de un recurso delicado que es de todos los peruanos. Lo que sí ha hecho es fortalecer el papel del Estado, del Gobierno Central, en la planificación del agua, creando la Autoridad Nacional del Agua y el planeamiento por cuencas. Y es a eso, al parecer, a lo que temen las juntas de usuarios, porque esa Autoridad podría, por ejemplo, fijar políticas realistas para las tarifas de agua, aunque si una junta decidiera no aplicarlas ni siquiera se ve cómo podría obligársele. Temen a algo más sutil: al avance de la racionalidad, del consenso, de la eficiencia, de la transparencia. Al fin del río revuelto.