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Efectos de la corrupción

Por Ernesto Velit Granda. Analista político

Para nadie pasa inadvertido que, desde hace algún tiempo, los medios de información denuncian, casi diariamente, casos de corrupción perpetrados por gente ligada a la administración pública y en la mayor parte de los casos al entorno del poder.

No está de más decir que estos acontecimientos provocan un inocultable sentimiento de frustración en los ciudadanos y sirven, además, de alimento político a los partidos de oposición que muchas veces se dedican a pontificar sobre el asunto olvidando calculadamente lo que pasó cuando ocupaban el poder.

No vamos a recapitular los casos, sino a especular a propósito de los efectos que sobre la institucionalidad democrática tienen los delitos denunciados y, particularmente, el conocer los nombres de los comprometidos, más aun cuando las organizaciones a las que pertenecen no logran librarse de ser salpicadas por el hecho delictivo.

Vale la pena señalar, a manera de ejemplo, el daño que sobre el prestigio de las Fuerzas Armadas y policiales ocasiona el saber que miembros en actividad y en retiro ejecutan actos ilegales apropiándose de recursos del Estado, lo que es lo mismo que decir robándose los dineros de todos los peruanos, o a través de actos reñidos con la moral de la institución que los formó.

Nos preguntamos si la corrupción realmente ha aumentado o es que hoy es más fácil conocerla por el papel fiscalizador y vigilante de la prensa en el país. Sabemos que no hay estadísticas sobre el número y volumen del daño con este Gobierno y los anteriores. Pero podríamos decir, con razón, que la dictadura de Fujimori propició la corrupción a costa del Estado en niveles nunca vistos en el país. Pareciera que lo que padecen los detenidos, que no son todos, como la inexplicable prolongación de los juicios y la vergonzosa ruta que transitan ellos y su familia, no consiguiera desanimar a los corruptos que, confiados en las debilidades del Estado para sancionar, continúan realizando actos de corrupción que les reportan interesantes dividendos sin importarles los daños a la estructura moral y material del país y, menos aún, el sentimiento de creer que vivimos una crisis imposible de superar.

Los intentos por demostrarle a la ciudadanía interés en terminar con la lacra no han dado resultados. Este fracaso contribuye, tal vez injustamente, a dar la impresión de complicidad más que de ineficiencia.

Sin embargo la falta de castigo de las instituciones a sus miembros que cometen corruptelas pareciera demostrar como que los conceptos de institucionalidad se hubieran fragmentado y el colapso ético y moral formara parte del paisaje cotidiano de la política nacional. O es que la cultura de la inercia lleva a esa indiferencia, principalmente de quienes ejercen el poder, como si estuviéramos condenados a ser una sociedad caótica.

Se percibe una suerte de apoplejía nacional, como una inexplicable resignación que obstaculiza buscar una salida al problema y que impide superar el sentimiento de fragilidad con que miramos a nuestras instituciones, civiles y militares.

El silencio a veces es una forma de contribuir a la barbarie y facilita que las autoridades sean indiferentes al ejercicio de su responsabilidad, que los partidos se coloquen en la antípoda del diálogo y el debate, y que el gobierno usufructúe ese microclima que prefiere ignorar y no enfrentarlo.

Así nacen las paradojas que llevan a las luchas sociales, que muestran al gobierno ausente a las contingencias que comprometen el destino nacional como si el quietismo aletargador fuera parte de la vida colectiva.

Si seguimos así, nuestro futuro seguirá desarrollándose en un clima de insensatez.