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Inexplicable impunidad de un acto sedicioso

Por: Juan Paredes Castro

Ya no llama la atención que un individuo como Hernán Fuentes pretenda separar Puno del resto del territorio y Estado peruanos.

Tampoco que lo haga reiterada y prepotentemente, amparado en su condición de presidente regional de esa circunscripción y en una votación electoral ridícula (¡oh distorsiones del sistema!) de menos del 20%, que debería de avergonzarlo.

Lo que realmente llama la atención es la impunidad dentro de la cual se arremolina, cómodo y desafiante, el acto sedicioso de Fuentes y de su gobierno.

Claro que ha entrado a tallar el Ministerio Público. Pero no es ninguna garantía para lo que espera el país expeditivamente, porque tenemos un Ministerio Público actuando más en el papel que premunido de la autoridad que hace rato debería haber planteado una denuncia concreta de oficio por el grave cargo de sedición.

¿Qué más hay que investigar más allá de lo que todos sabemos de sobra, es decir que lo que quiere Fuentes es declarar Puno, por mandato propio, Región Federal Quechua Aimara?

Efectivamente estamos ante un delito de rebelión o sedición establecido claramente en la Constitución de la República, cuyos artículos 43, 45 y 46 alcanzan a Hernán Fuentes, sin dejar pelos o señales que escudriñar.

El artículo 45 dice: "El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición".

¿Qué está haciendo Fuentes? Arrogándose el ejercicio de pretender dividir lo indivisible, que es el Estado, según el artículo 43 de la Constitución. Y algo más: arrogándose también el derecho de desconocer el carácter unitario del Gobierno Peruano, como si este hubiera renunciado ante sí y por sí a sus responsabilidades sobre las regiones, provincias y distritos .

No faltarán quienes digan y nos recuerden, con toda razón, que el reclamo de Fuentes por una de las regiones más pobres del país tendría que ver con la ausencia del Gobierno y del Estado. Siendo cierto esto nada justifica la configuración de un delito de sedición a nombre de una crisis de aislamiento que el propio Fuentes ha propiciado, automarginándose de todos los proyectos que involucran precisamente el trabajo del Estado y el Gobierno con las regiones.

¿Cuánto tiempo más le daremos a la presente impunidad?