Por Gerardo Caballero
La Comisión Permanente del Congreso designó a Ingrid Soraya Suárez como nueva contralora general de la República. Con 18 votos a favor y 10 en contra se aprobó el informe de la comisión que evaluó tal candidatura, la cual fue presidida por la aprista Mercedes Cabanillas.
En el informe, Cabanillas llamó "deficiente" el trabajo de la comisión del Poder Ejecutivo encargada de seleccionar un candidato a la contraloría, la cual fue presidida por Richard Webb. Cabanillas subrayó que los datos presentados en ese concurso "no fueron debidamente cotejados".
Sin embargo, señaló que Suárez cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control: ser peruano de nacimiento, ser mayor de 40 años, gozar de sus derechos civiles, tener título profesional, haber ejercicio su profesión por más de 10 años y tener idoneidad moral.
CRÍTICAS VAN Y VIENEN
La idoneidad de Suárez fue duramente cuestionada por la oposición. Yonhy Lescano (AP) aseguró que ella se ha arrogado el título de ingeniera a pesar de no tenerlo. Para sustentar lo dicho, el parlamentario exhibió documentos que Suárez firmó cuando fue asesora del Ministerio de la Producción.
Lescano consideró que la contadora cometió el delito de ostentación indebida de título profesional. Asimismo dijo que Suárez ha inducido a error al presidente de la República, pues en la resolución suprema 347-2008-PCM (en la cual la propuso como candidata a la Contraloría) figura como ingeniera.
El vocero de la bancada humalista, Fredy Otárola, sacó a flote el vínculo de Suárez con la empresa Amerinco S.A., firma que fue fundada por ella y Florentino Lavandera, quien también fue funcionario del Ministerio de la Producción. Este es investigado por la Contraloría debido a un caso de conflicto de intereses ocurrido en febrero del 2008. Aunque Suárez ha dicho que se deshizo de sus acciones en Amerinco en enero del 2007, Otárola remarcó que esta transferencia no fue inscrita en Registros Públicos ni certificada notarialmente.
Sobre estos hechos giraron los argumentos de la oposición, los cuales eran rebatidos por los apristas, como Aurelio Pastor, quien insistía en que Suárez cumplía con los requisitos de ley.
Y fue Javier Bedoya (UN) quien se convirtió en el principal defensor de Suárez. Él señaló que en los documentos entregados por Lescano, Suárez no está ejerciendo el cargo de ingeniera sino solicitando información.
También dijo que hay actas de la junta de accionistas de Amerinco, en las cuales se aprecia que Suárez Velarde ya no participa.
Al final el Apra, el fujimorismo, Unidad Nacional y los congresistas Wilder Ruiz, Juan Perry, Álvaro Gutiérrez y Carlos Bruce permitieron la designación de la nueva contralora. En tanto las bancadas humalista, upepista, del Bloque Popular y el congresista Lescano debieron resignarse a una derrota política.