La empresa Business Track, que se dedicaba a interceptar comunicaciones para vender la información al mejor postor, manejaba un tarifario por sus ilícitos servicios y llegaba a cobrar hasta US$30 mil por interceptar correos electrónicos y extraer discos duros vía Internet.
A esta conclusión llegó el Ministerio Público en su denuncia penal por los delitos de interceptación telefónica (hasta 3 años de cárcel) y asociación ilícita para delinquir (hasta 6 años) contra tres oficiales navales en retiro, dos en actividad, una mujer (todos vinculados a Business Track) y dos civiles (uno de ellos relacionado con una compañía que daba servicios a Telefónica del Perú).
Según la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, falta analizar el 92% del material incautado, por lo que se ha pedido al Poder Judicial ampliar en 90 días el plazo para las investigaciones.
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