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Un delito no debe ocultar la impunidad del otro

Por: Juan Paredes Castro

Una ilegal operación de espionaje telefónico llevó a la revelación de una corrupta operación de concesión de exploraciones petroleras.

Si por la segunda operación ya cayó un Gabinete Ministerial en el marco de las responsabilidades políticas inherentes y muchos de los involucrados igualmente están entre los procesados en la vía fiscal y judicial, ¿por qué tendríamos que sorprendernos que el Ministerio Público se aboque también a la investigación de la primera operación y de su correspondiente denuncia ante el Poder Judicial?

Desde el mismo día en que el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi y el ex procurador anticorrupción José Ugaz hicieron de conocimiento del fiscal de turno el contenido de los audios de Rómulo León y Alberto Quimper sobre las oscuras negociaciones destinadas a obtener la concesión de exploraciones petroleras, hay un periodismo y hay periodistas que creemos, como ocurre en El Comercio, que efectivamente el espionaje telefónico es un delito y corresponde a las autoridades competentes perseguirlo y penalizarlo. Si Rospigliosi y Ugaz consideraron que más allá del potencial de denuncia contra la corrupción en las esferas petroleras del Estado, el espionaje telefónico no debía quedar impune, ello quiere decir que creían como nosotros en la interpenetración de ambos casos a lo largo y ancho del complejo tejido que presentan y representan.

No es que quienes denuncian la corrupción que comprende a León y Quimper sean los buenos y quienes quieren mirar el fondo de la operación del espionaje telefónico a empresarios, políticos y periodistas sean los malos. Y más malos aún los que buscan las motivaciones y los intereses ocultos tras los sistemas de interceptación telefónica, de los cuales el que esto escribe ha sido una víctima, sin que las autoridades pusieran en su momento (hace un año) el acento que ahora han puesto en lo que se descubre recién como una práctica de proporciones empresariales, tecnológicas y políticas de amplio espectro.

Caiga quien caiga no debe haber nada que impida llegar, judicialmente, a la verdad sobre la corrupción en la concesión de las exploraciones petroleras, como a la verdad en la denuncia del espionaje telefónico, que precisamente nos tiene que recordar a los periodistas, los tiempos en que Vladimiro Montesinos convirtió este delito en un modo y en un medio de vida del régimen y del sistema autoritario que implantó Alberto Fujimori.