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Hombre clave de BTR se habría quedado con equipos para interceptar celulares

Por Óscar Castilla / Miguel Ramírez. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

"Mi hobby es escuchar", dijo el capitán de navío AP (r) Carlos Tomasio de Lambarri, uno de los 'chuponeadores' de la empresa Business Track, cuando los efectivos de la Dirección Antidrogas de la Policía le echaron el guante el pasado jueves 8 de enero.

Ahora se sabe, concluida la primera parte de la investigación fiscal y policial, que esto era más que cierto. Y es que ayer El Comercio obtuvo mucho más detalles de los sofisticados equipos de interceptación que compró este experimentado agente de inteligencia en el 2000 en EE.UU. por órdenes del alto mando de la Marina del régimen fujimorista.

En la resolución fiscal del caso, en donde queda constancia de la confesión de Tomasio, dice: "El hoy detenido integrante de Business Track (BTR) adquirió dichos equipos en representación de la Embajada del Perú y en su condición de agregado naval en EE.UU. Según la orden de compra N 10-2000-S, los mismos (equipos) figuran como vendidos a la Estación Naval Alfonso Ugarte. Estos artefactos de nombre Triggerfish 4080 y que suministra la empresa Harris Corporation GCSD (Goverment Comunication Systems Division) son equipos de interceptación de telefonía celular que se comercializan mediante coordinaciones a nivel gubernamental".

En la denuncia fiscal, además, se reafirma la revelación hecha por este Diario sobre el pago que se hizo para la capacitación de estos equipos. "El 7 de setiembre del 2000, mediante orden de compra N 6657-3500, se adquiere la capacitación", señala.

Luego agrega: "Todos estos documentos (junto al recibo de compra) fueron enviados mediante fax a la Embajada del Perú con atención a Carlos Tomasio, quien figura como contacto de la Estación Naval Alfonso Ugarte con la Embajada de EE.UU.".

Ante toda esta información --analizada por la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado, a cargo de Walter Milla, y por los agentes de la Dirandro que investigan el caso-- se solicitó explicaciones a la Marina. Según el documento fiscal, el pasado 21 de enero el secretario del comandante general de la Marina informó, de forma escueta, que dicha institución no cuenta con equipos Triggerfish 4080 y que en el 2000 no se llevó ningún proceso de selección (público o con carácter de secreto militar) para adquirir los sistemas citados. Señala, además, que no se designó personal para ser capacitado en el manejo de estos equipos. Finalmente niega la versión de Tomasio. "Se ha verificado que no existe transferencia bancaria a la Agregaduría Naval del Perú en EE.UU. para la adquisición de estos equipos y no aparece documento alguno en el que se comisione a Tomasio para llevar alguna compra de este tipo", dice la respuesta de la Marina plasmada en la resolución fiscal.

Las fiscalías contra el crimen organizado, por el momento, manejan dos hipótesis. La primera gira en torno a la posibilidad de que Tomasio haya comprado dichos equipos para uso particular, utilizando la cubierta de la Marina, y teniendo en cuenta que el régimen fujimontesinista ya estaba próximo a caer. La segunda opción indica que este oficial habría sido utilizado por el alto mando de la Marina de entonces --que tenía como comandante general a Antonio Ibárcena y como jefe de inteligencia naval a Manuel Arriarán, hombres del entorno personal de Vladimiro Montesinos-- para realizar la compra por su cuenta y luego los equipos fueron derivados la Base Naval . Mientras, la pregunta es: ¿Dónde están los equipos?

Ejecutivo plantea penas más severas
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, anunció que el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que modifica el articulo 162 del Código Penal. La iniciativa establece pena privativa de la libertad de dos a cuatro años a quienes intercepten o escuchen ilegalmente ya no solo una comunicación telefónica, sino también un correo electrónico u otra modalidad. Y si la escucha la realiza un funcionario público, la pena no será menor de cuatro ni mayor de seis años.

En cuanto a la comercialización, la propuesta contempla una pena no menor de tres ni mayor de cinco años, y en caso de ser funcionario público, no menor de seis ni mayor de ocho años.

Actualmente el Código Penal señala una pena no menor de un año ni mayor de tres de cárcel, pero se eleva de tres a cinco años si el infractor es funcionario público.