Siguen no habidos dos de los implicados en el 'chuponeo'

En la madrugada de ayer, el juez Edwin Yalico Contreras, titular del Juzgado Penal 15 de Lima, abrió instrucción con orden de detención a los ocho implicados en el presunto espionaje telefónico del denominado caso Discover.

Se trata del capitán de navío (r) Elías Ponce Feijoo, capitán de navío (r) Carlos Tomasio de Lambarri, los oficiales de mar Martín Fernández Vírhuez y José Ojeda Angles, el oficial de mar (r) José Tirado Seguín y los civiles Giselle Giannotti Grados, Alberto Salas Cortez y Pablo Martell Espinoza, quienes, según el auto apertorio, habrían incurrido en los delitos de interceptación telefónica y asociación ilícita para delinquir.

Sin embargo, los operarios de la empresa subcontratista de Telefónica, Alberto Salas Cortez y Pablo Martell Espinoza, se encuentran en calidad de no habidos, por lo que el magistrado Yalico dispuso que se oficie a la Policía Nacional la respectiva orden de detención.

Yalico ordenó que se trabe embargo preventivo de los bienes de los procesados. Estos fueron recluidos, después de las 5 de la tarde, en el penal Castro Castro, en el caso de los hombres, mientras Giselle Gianotti fue trasladada al Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos, informó Janeth Sánchez, portavoz del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Antes de su traslado, los implicados estuvieron en la carceleta de Palacio de Justicia, luego de haber permanecido en la carceleta del Ministerio Público y haber rendido sus generales de ley ante el juez Yalico.

HABLAN LOS ABOGADOS
El abogado del capitán de navío (r) Carlos Tomasio, Fernando Silva, señaló que el único delito que se les imputa es el de escucha telefónica. En declaraciones a RPP noticias, el letrado anunció que apelará la decisión del juez, tras denunciar que hubo presión política en su decisión.

Por su parte, el abogado de Jesús Ojeda (quien se ha acogido a la colaboración eficaz), Daniel Maurate, discrepó con la encarcelación de su defendido porque --a su parecer-- debió recibir beneficios por su ayuda a la justicia.

Señaló que Ojeda es uno de los que "menos provecho" ha obtenido por su situación, lo cual consideró un mensaje negativo para todos aquellos que colaboran con la justicia. Agregó que Ojeda solo brindó soporte técnico, lo cual no significa un delito.

Maurate informó que la vida de su patrocinado corre peligro, por lo que hizo un llamado al INPE para que le dé la máxima protección. Según dijo, su cliente ha solicitado ser recluido en una cárcel de la Marina.

En tanto, José Urquizo, el abogado de Giselle Giannotti, la presunta vendedora de las grabaciones realizadas por la empresa Business Track mediante la interceptación telefónica, precisó que su patrocinada solo realizaba actividades comerciales para la firma.

Negó que ella tuviera conocimiento de los métodos empleados por la empresa para obtener el material de venta y que nunca tuvo vinculación con el resto de trabajadores del negocio.

"Ella presentaba el producto, explicaba los temas de vulnerabilidad de las empresas, pero eso está en la legalidad", señaló.

CIFRAS
10.000
Dólares se pedía por 'chuponear' celulares de Telefónica, según un documento hallado en la casa de Carlos Tomasio.

4.000
Dólares se solicitaba por violentar los celulares de la empresa Bell South.

2.000
Dólares era lo solicitado para escuchar las conversaciones de los teléfonos fijos.

30.000
Dólares era la cantidad máxima --la mínima era US$2.500-- que se cobraba por interceptar emails y extraer discos duros a través de Internet.