Procuraduría afirma que existen pruebas para denunciar penalmente a médicos y ministros

"En el expediente que maneja el Ministerio Público sobre las esterilizaciones forzadas existen pruebas suficientes que involucran a los entonces ministros de Salud, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta, a varios directores regionales y médicos, e incluso a Alberto Fujimori", sostiene el procurador anticorrupción Pedro Gamarra, quien precisó que el caso no podría prescribir porque estos delitos son considerados como violación a los derechos humanos. "La fiscalía tiene que concluir la investigación de una vez y formular denuncia penal", dijo.

Existe un precedente con el caso de Mamérita Mestanza, cuya historia llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ella murió como consecuencia de una esterilización forzada y la CIDH obligó al Estado Peruano a indemnizar a los familiares y sancionar a los responsables (aspecto que hasta ahora no se cumple).

El Comercio denunció ayer que mil casos de mujeres y hombres que fueron esterilizados irregularmente permanecen paralizados en la fiscalía.

En las campañas a favor de estas intervenciones se aplicaron varios tipos de presiones, desde el acoso domiciliario, hasta promesas de incentivos como alimentos y medicinas.

Pero se fue aún más allá. El informe del Ministerio de Salud del 2002 concluye que "hubo incentivos para los establecimientos de salud que consiguieran esterilizar a un mayor número de personas y se sancionaron a los que no cumplían con estas metas".