Por Gerardo Caballero
El titular del Tercer Juzgado Anticorrupción, Jorge Barreto, remitió ayer al fiscal Juan Meza Peña los 86 audios que un día antes le entregara el periodista Pablo O'Brien, pues corresponde al Ministerio Público y no al Poder Judicial evaluar las pruebas.
Ahora será Meza Peña, titular de la Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien evalúe estas pruebas y decida si se inicia un nuevo proceso penal o adjunta estos audios al caso que ya conduce el juez Barreto.
Sin embargo, los audios también son reclamados por otro organismo. El subgrupo de la Comisión de Fiscalización del Congreso que investiga los nexos entre el empresario Fortunato Canaán y Rómulo León con los gobiernos regionales ha remitido al juez Barreto un oficio para solicitar que se le envíe los 82 nuevos audios.
El presidente de ese subgrupo, el fujimorista Andrés Reggiardo, solicitará a la Comisión de Fiscalización que se amplíe el mandato de investigación del subgrupo.
El presidente de la comisión parlamentaria que investiga la existencia de una red de espionaje telefónico, Oswaldo Luizar (Bloque Popular), también anunció que solicitará el material entregado.
El martes 27, el periodista acudió a la sede de los juzgados anticorrupción y entregó 82 audios nuevos producto de las interceptaciones telefónicas que Business Track (BTR) realizó al ex director de Perú-Petro Alberto Quimper y a Rómulo León Alegría. En ellos, se refuerza lo que mostraban los llamados 'petroaudios' difundidos a inicios de octubre del 2008: que Rómulo León buscaba utilizar su supuesta cercanía con el Gobierno (siendo él un aprista) para permitir a terceros, como Fortunato Canaán, estar en una situación privilegiada en sus negocios con el Estado.
En un audio se menciona al secretario general del despacho presidencial, Luis Nava Guibert. El chofer de León Alegría dice a la secretaria de este, Paola Copara: "He ido con el hijo (de Canaán) y con el doctor Nava en la camioneta" y con Rómulo León a una reunión en Perú-Petro.
Por la tarde, Nava envió un comunicado en el que asegura: "Nunca he asistido a una reunión personal, ni de trabajo en la sede de Perú-Petro". También dice que no conoce al hijo de Canaán.
El congresista humalista Daniel Abugattas, ex presidente de la comisión que investigó el caso de los 'petroaudios', dijo que el nuevo material refuerza la tesis de que altos funcionarios del Estado estuvieron involucrados en una red corrupta y de gestión de intereses.
SOSPECHAS
El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Édgar Núñez (Apra), criticó el hecho de que no se entregaran antes los audios, a pesar de que, ante la comisión investigadora, se dijo que ya no había más material.
"¿Por qué O'Brien no entregó todo? ¿Quería dosificar, ponerle precio, extorsionar con alguien, arreglar?", se preguntó Núñez.
El aprista José Vargas (Apra) también cuestionó al periodista y dijo que sirvía a "determinados intereses".
El congresista Walter Menchola (Alianza Nacional) --también miembro de la comisión que investiga el 'chuponeo'-- añadió que O'Brien ha entrado en contradicciones entre lo dicho ante la comisión y lo declarado en el Ministerio Público.
No precisó de qué contradicciones se trataba porque lo que declaró en la comisión fue de carácter reservado. Menchola agregó que se evaluará volver a citar al periodista. Este, a su vez, sostuvo que los nuevos audios los recibió recientemente y por eso no lo declaró antes.
La titular del Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, María Martínez Gutiérrez, asumió ayer el expediente del caso sobre espionaje telefónico que involucra a BTR. La jueza dijo que es un proceso sumario. Aseguró que actuará con imparcialidad y respetará los derechos procesales.
MÁS DATOS
4Quien fuera director de Inteligencia de la Marina durante el régimen fujimorista, Manuel Arriarán Medina, deberá presentarse ante el Poder Judicial para esclarecer su relación con el fundador de Business Track (BTR), el capitán de navío (r) Elías Ponce Feijoo, quien manifestó al fiscal Walter Milla que Arriarán Medina le había entregado en el año 2002 un dispositivo especial con el que lo habrían 'chuponeado'.
4La magistrada del Juzgado Penal 34 de Lima, María Martínez Gutiérrez, se encargará de dar con la identidad de los financistas del 'chuponeo'.
4Los otros denunciados en el caso de la empresa Business Track, los civiles Pablo Martell Espinoza y Alberto Salas Cortez, siguen no habidos y son buscados por la policía. Ellos laboraban para una subcontratista de Telefónica.