Tal parece que habría dos candidatas en carrera para ocupar el cargo de contralor general de la República, que está vacante desde finales del año pasado, cuando se cumplió el mandato de Genaro Matute Mejía.
Por un lado, está la contralora designada por la Comisión Permanente del Congreso, Ingrid Suárez, cuyo nombramiento se encuentra en el limbo desde la semana pasada.
Todo empezó cuando el director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (Eutig) de Gijón (España), Joaquín Mateos, informó oficialmente al Congreso que Suárez "nunca ha sido alumna" del referido centro de estudios.
Suárez respondió que sí cursó estos estudios complementarios de ingeniería, pero como "alumna libre" de la Eutig. Empero hasta el cierre de esta edición no había aún certificado esta situación académica ante la presidencia del Parlamento.
Por el otro lado, está la ex titular de la Contraloría General de la República Luz Áurea Sáenz Arana, quien ayer acudió al Poder Legislativo con la finalidad de solicitar al presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, que la Comisión Permanente se pronuncie si le corresponde su derecho para completar los siete años de mandato al frente de la contraloría luego de que fuera interrumpido por el golpe de Estado del 5 de abril de 1992.
Luz Áurea Sáenz fue nombrada contralora durante el primer gobierno del Apra, de acuerdo con la Constitución de 1979, y luego fue despedida del cargo cuando cumplía cuatro años y dos meses. Al término del régimen fujimorista, ella inició una batalla legal que concluyó en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 6 de diciembre del 2002, que dice que se le infirió un daño que puede ser reparado si hay una plaza vacante.
El jurista Raúl Ferrero Costa indicó que en principio todo fallo del TC tiene que acatarse, pero advirtió que la propia Sáenz debilitó su posición al aceptar ser evaluada por la comisión especial que presidió Richard Webb.
AL GRANO
4"Mi petición es personal"*
¿Qué pasa si la Comisión Permanente desaprueba su pedido de restitución?
Mi caso también está pendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y luego pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi petición es personal como consecuencia de una acción de amparo tramitada hace muchos años. No tiene relación ni con el gobierno ni con el caso de la señora Suárez. El Congreso tiene que abocarse a mi caso.
Al cierre de esta edición se supo que recién este lunes se reuniría la Comisión Permanente del Congreso para pronunciarse sobre el caso de Ingrid Suárez, cuyo nombramiento como contralora general de la República quedó suspendido el pasado viernes.
Si la Comisión Permanente anula la designación de Suárez como contralora general de la República, de inmediato se le comunicará al Poder Ejecutivo para que proponga otro candidato al mismo cargo.
* Luz Áurea Sáenz Arana. Ex contralora