22:45 | Jorge del Castillo recordó que un tribunal archivó en el 2005 las acusaciones contra el mandatario
(dpa) - El presidente, Alan García, acudiría ante la justicia local que procesa a un grupo de militares por algunas matanzas de civiles durante su primer gobierno, sostuvo el jefe del Gabinete de Ministros, Jorge del Castillo.
"Si hay un mandato judicial, el doctor García siempre los ha atendido y sin reticencia", manifestó en rueda de prensa, acompañado por todos los integrantes del gabinete después de realizarse la primera reunión del grupo ministerial en el inicio de 2008.
Medios periodísticos indicaron que García sería llamado por el Poder Judicial a declarar en calidad de testigo por la muerte de 255 personas en los poblados de Cayara y Accomarca, en la región de Ayacucho, y en el penal El Frontón.
Unos 348 militares son investigados como responsables de la muerte de 75 campesinos en Cayara y 62 en Accomarca, así como de 118 rebeldes en El Frontón, en 1986, durante el sangriento debelamiento de motines en tres cárceles de Lima.
Estos hechos se produjeron en el primer gobierno de Alan García (1985 y 1990), cuando se libraba la llamada "guerra sucia" entre las Fuerzas Armadas y el grupo extremista Sendero Luminoso, alzado en armas en 1980 en los Andes del sur del país.
Del Castillo recordó que un tribunal peruano archivó en 2005 las acusaciones contra Alan García y que de acudir a una citación de la justicia lo hará "como testigo y no como sospechoso de nada, eso está descartado".
El también secretario general colegiado del gobernante Partido Aprista Peruano sostuvo que hay un sector interesado "que tiene la mala intención de pretender involucrar al presidente (García) o a cualquier persona del gobierno en este tema (derechos humanos)".
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) anunciaron que presentaran abogados para constituirse como parte civil en esos juicios y solicitarían que García también participe en el proceso, aunque como testigo.
El ministro Del Castillo hizo referencia a organismos no gubernamentales (ONG) a los que el Ejecutivo vincula con posiciones izquierdistas, que pretenden involucrar a García con "información distorsionada" en casos de violaciones a los derechos humanos durante su primer mandato.
"Son malas intenciones de personas mal pensadas, y que lo vienen intentando hace 20 años y probablemente lo pretenden hacerlo 20 años más", expresó del Castillo.