'Las regiones tienen el deber legal de acatar las normas del Gobierno'

10:13 | El ex presidente del TC, Javier Alva Orlandini, negó que la ley del tercio superior tenga carácter discriminatorio

(Andina).- El ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), Javier Alva Orlandini, afirmó que los gobiernos regionales tienen el deber legal de respetar y acatar las normas emitidas por el Gobierno central sobre políticas de Estado, como el decreto del tercio superior.

"Es evidente que deben respetar la norma emanada por el Gobierno central en el sentido de establecer requisitos para la contratación de los maestros. Se trata de la educación como una política de estado que la Constitución define como competencia del Poder Ejecutivo", declaró a la agencia Andina.

Agregó que el decreto supremo 004, emitido por el Ministerio de Educación para contratar a maestros pertenecientes al tercio superior, ha sido cuestionado por algunos presidentes regionales que optaron por emitir ordenanzas para incumplir la norma calificándola de "discriminatoria".

Alva Orlandini, ex legislador y ex magistrado del TC, desestimó que el dispositivo legal tenga carácter discriminatorio porque sólo se aplica a aquellos docentes que optan por la contratación y que requieren ser calificados para impartir la docencia en las escuelas públicas.

"En principio me parece que no hay discriminación. Personalmente creo que la discriminación está dada por la capacidad y por el conocimiento que tengan los concursantes", comentó.

Sostuvo, además, que el caso puede llegar incluso al TC si es que los presidentes regionales o el propio Gobierno optan por presentar una demanda de inconstitucionalidad para definir el carácter legal y jerárquico del decreto.

Recordó que existen precedentes sobre la definición de competencias entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales porque el Tribunal declaró fundadas en 2005 las demandas del Gobierno central contra las ordenanzas de los gobiernos regionales de Cusco y Huánuco que legalizaban el cultivo de hoja de coca.

"Pero también es evidente que entre la coca y la educación hay mucha diferencia. Si el caso se presenta ante el Tribunal, es una materia que requiere el estudio de todos sus antecedentes", señaló.

Sostuvo que el TC puede tomar el precedente de Huánuco y Cusco en la medida que sea "pertinente" porque el Perú, a pesar de regirse por el principio de la descentralización, es un Estado organizado en base a la unidad.

En ese sentido, recordó que el marco legal establece a la jerarquía de las normas como "imperio de la Constitución". "Y los gobiernos regionales no son autónomos sino dentro de la Constitución y de las leyes orgánicas respectivas. Por eso se requiere un estudio cuidadoso para determinar si las decisiones de los gobiernos regionales son infractoras del marco legal", puntualizó.