Lidercon formalizó su denuncia contra el Estado Peruano por incumplir contrato

19:29 | La iniciativa fue presentada ante la comisión especial el Gobierno en desacuerdo por la suspensión del servicio de revisiones técnicas vehiculares en Lima

(Andina).- La empresa Lidercon Perú SAC oficializó la denuncia contra el Estado Peruano por incumplimiento del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre la República del Perú y el Reino de España, como consecuencia de la ejecución de la carta fianza por parte del municipio de Lima tras la suspensión del servicio de revisiones técnicas.

El vicepresidente y representante legal de la concesionaria Raúl Barrios, informó  que la denuncia fue presentada el jueves último ante la comisión especial que ve este tipo de denuncias y que está integrada por representantes de los Ministerios de Economía y Finanzas, Justicia, Relaciones Exteriores, y un representante de Proinversión.

Tras señalar que el municipio metropolitano ya fue notificado al respecto, explicó que la denuncia se sustenta en el incumplimiento de los artículos 3 y 4  del citado acuerdo, que compromete al Estado peruano a proteger la inversión privada española dentro de su jurisdicción nacional.

"En este caso el Estado, conforme lo establecen las leyes vigentes, no cumplió con proteger  las inversiones efectuadas por la empresa Lidercon en el marco de la ejecución del 'Contrato de Concesión para la ejecución de la infraestructura de las plantas para las Revisiones Técnicas Vehiculares en Lima Metropolitana', suscrito con la Municipalidad Metropolitana de Lima", dijo el funcionario.

Barrios lamentó que la comuna capitalina haya ejecutado la fianza cuando existía un trato directo y no había ninguna objeción al servicio que prestaba Lidercon Perú tras haberse superado los inconvenientes surgidos al principio como las colas, la demora y la capacidad de las plantas.

"Hace un año y medio el municipio de Lima trató de ejecutar la fianza, pero a raíz que había un trato directo -tal como lo prevé el contrato de concesión- todo fue suspendido. Parece que esta vez ya no les importa nada y están violando todas las normas", afirmó.

El funcionario agregó que Lidercon Perú exigirá esta vez una indemnización, a razón de 40,000 dólares diarios, contados desde que se formalizó la suspensión del servicio por parte de la comuna capitalina. Señaló que la comisión especial tiene un plazo de seis meses para pronunciarse sobre esta demanda, luego de lo cual se podrá apelar en segunda y última instancia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi).

Arbitraje
De otro lado, Barrios informó que el próximo 27 de febrero se instalará el tribunal arbitral en la Cámara de Comercio de Lima, que se encargará de ver el incumplimiento de las cláusulas del contrato de concesión suscrito por Lidercon Perú S.A.C. con el municipio de Lima y que afectó la implementación de la planta prevista en el Jockey Club.

Dio a conocer que el presidente del tribunal arbitral -conformado el miércoles último por la tarde por acuerdo entre las partes-  es Richard Martin, mientras que el árbitro designado por Lidercon Perú SAC es Alberto Loayza, y el designado por la Municipalidad de Lima es Edgardo Mercado. En este caso, el tribunal arbitral tiene un plazo de 150 días útiles para pronunciarse.

El vicepresidente de Lidercon Perú S.A.C. argumentó que la municipalidad metropolitana primero dilató la autorización para instalar la planta en el Jockey Club, y luego exigió un estudio de impacto ambiental cuando ya no podía hacerlo como consecuencia de una conciliación previa.

"Esta exigencia es ilegal porque habíamos ganado un arbitraje el año pasado, y por otro lado, en virtud al acuerdo conciliatorio suscrito el 27 de julio del año pasado con el municipio se acordó que ya no nos volverían a pedir un estudio de impacto ambiental como requisito para instalar la planta en el Jockey Club", expresó.

"Allí nos dimos cuenta que no se trataba de un problema del Jockey Club sino un problema político, dado que simplemente no nos querían dar la autorización. A eso se suma que nos pedían instalar la planta en ese lugar o en otro local similar, y por eso propusimos el local del jirón Ayacucho, donde también nos dijeron primero que sí y luego rechazaron la propuesta", dijo.

"Finalmente planteamos instalar un local en la avenida Nicolás Ayllón, que iba a ser más grande porque contaba con seis líneas de atención, dos más que la del Jockey, y había sido aprobado por la municipalidad el 10 de enero, pero luego el alcalde anunció la suspensión del servicio y la caducidad del contrato por un supuesto incumplimiento que nunca ocurrió", puntualizó.