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Ministerio de Educación no dará marcha atrás en la norma del tercio superior para contratar docentes

17:04 | "Mejoraremos la medida pero de ninguna manera ésta será derogada", dijo el titular del sector, José Antonio Chang

(ANDINA).- El ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, enfatizó que no se puede dar marcha atrás respecto al Decreto Supremo 004-2008-ED, que establece como requisito el tercio superior para la contratación de docentes. En ese sentido, precisó que si bien se puede mejorar la medida la misma no va a ser derogada.

"Mejoraremos la medida pero de ninguna manera ésta va a ser derogada, se mantendrá en ejercicio y las regiones deberán cumplir con la norma. Hay seis regiones que ya han aplicado esta norma y definitivamente no podemos dar marcha atrás en ese nivel", subrayó.

Chang formuló estas declaraciones tras reunirse con la Comisión de Educación del Congreso para explicar todo lo referido a la emisión del citado decreto.

Durante la sesión se generó una situación incómoda cuando algunos legisladores permitieron el ingreso a la sala "José Inclán Gonzáles Vigil" en donde se desarrollaba la reunión, a un grupo de dirigentes del Sutep, que no estaban invitados por lo que se tuvo que suspender la reunión.

Antes de ello ya se había hecho ingresar a dicha sala a diferentes presidentes regionales que sí habían sido invitados, pero que debían esperar- según las prácticas parlamentarias- en la Sala de Embajadores hasta que finalizara la reunión.

Este hecho fue criticado por el ministro de Educación, quien precisó que el mismo revela el grado de politización al que se estaría llevando el tema del tercio superior.

"Yo tengo que lamentar que el día de hoy en una invitación de parte de la Comisión de Educación se hayan producido hechos bochornosos., esto lamentablemente señala el nivel de politización que significa la lucha contra una medida que busca elevar la calidad de la educación y la mejor selección de maestros", anotó.

Más adelante, precisó que el Decreto Supremo 004 no sólo tiene por objeto luchar contra la corrupción, el clientelismo político, el tarjetazo, y el amiguismo; sino que también permite reconocer los esfuerzos de quienes demostraron su capacidad en su etapa formativa.

En ese sentido, dijo que ni la Defensoría del Pueblo ni el Colegio de Abogados y las regiones pueden pronunciarse en torno a la constitucionalidad del dispositivo; en la medida que eso le corresponde al Poder Judicial o- a través de alguna de acción de amparo individual- al Tribunal Constitucional.

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