0:14 | El Gobierno de Rafael Correa advirtió que el caso es clave para crear un "ambiente de confianza" con Colombia
QUITO (Reuters) - Ecuador pidió el lunes a la Organización de Estados Americanos (OEA) analizar la muerte de un ciudadano durante un operativo militar colombiano contra las FARC en su territorio y advirtió que el caso es clave para crear un "ambiente de confianza" entre ambos países.
La demanda surgió en medio de la disputa entre Bogotá y Quito por la incursión el 1 de marzo de efectivos colombianos a Ecuador, en un operativo el que murió el portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, y otras 23 personas, incluidos un ecuatoriano y cuatro mexicanos.
La confirmación el fin de semana de que entre los muertos estaba el ecuatoriano Franklin Aizalia avivó la ira del país andino que protestó la incursión de Colombia como una violación a su soberanía, por lo que demandó que la OEA tome cartas en el asunto y busque una solución que preserve el respeto a los derechos humanos.
"Por cuanto esta situación está conectada con los hechos del 1 de marzo, abordados por la Resolución de la reunión de Cancilleres de la OEA, Ecuador apelará a la acción del Secretario de la OEA a fin de hallar una solución definitiva del caso", dijo la cancillería en un comunicado.
El organismo no especificó el tipo de acción que debería adoptar la OEA, que rechazó la incursión colombiana.
Ecuador solicitó además al Gobierno colombiano probar los supuestos nexos con las FARC de Aizalia -un cerrajero que vivía en un barrio pobre de Quito-, "a través de los pertinentes canales legales".
"Las positivas explicaciones que las autoridades de Colombia brinden a los planteamientos de los familiares, que cuentan con el apoyo del Estado ecuatoriano, contribuirán a crear un ambiente propicio (...) que permita de manera progresiva dejar atrás las tensiones derivadas del incidente del 1 de marzo", agregó el comunicado.
El cuerpo del ecuatoriano permanece en una morgue en Colombia, después de que fuera extraído por militares de ese país, junto con el de Reyes, del campamento clandestino bombardeado que estaba localizado en la provincia amazónica de Sucumbíos.
El Gobierno ecuatoriano apoyará a la familia de Aizalia con la repatriación del cadáver y las reparaciones que pueda solicitar a su par colombiano.
FISCAL VE DEMANDA
En el ámbito legal, el país andino considera una "opción válida" acudir a instancias penales internacionales para demandar a autoridades y militares de Colombia que participaron en un operativo contra las FARC en su territorio.
El fiscal general encargado de Ecuador, Alfredo Alvear, dijo que demandar a los responsables ante cortes extraterritoriales "es una opción válida bajo el sistema jurídico internacional".
"La regla de todas las convenciones internacionales en materia penal es que hay evitar que se produzca la impunidad de las infracciones", agregó.
El pronunciamiento de Alvear se enmarcó en el señalamiento del presidente nacionalista de Ecuador, Rafael Correa, quien, ante la muerte confirmada de Aizalia, aseguró que no "dejaremos ese asesinato en la impunidad" y que las relaciones con Colombia podrían debilitarse aún más por su muerte.
El presidente colombiano, Alvaro Uribe, pidió disculpas por la violación del territorio de su vecino, pese a que su Gobierno ha calificado a todos los muertos en el controversial operativo como "terroristas" que "actuaban contra el pueblo colombiano".
La incursión colombiana desató una crisis regional, que se atizó con la intervención de Venezuela y Nicaragua en respaldo de Quito.
Ecuador rompió relaciones con Colombia y no las ha restablecido, pese a las disculpas de Bogotá y a que la comunidad internacional rechazó la acción militar y busca acercar a los dos vecinos.
Ecuador y Colombia comparten una frontera de casi 600 kilómetros que es escenario de operaciones de grupos irregulares, como guerrillas y cárteles de narcotraficantes. Los dos países mantienen posturas contrapuestas respecto a los mecanismos para controlar la zona.