Aprodeh pide medidas cautelares a la CIDH ante presión por caso MRTA

19:14 | Así lo anunció hoy el fundador de esta ONG, Francisco Soberón, durante un encuentro con la prensa extranjera en Lima

(EFE).- La Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (Aprodeh) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "medidas cautelares" por la presión del Gobierno a esta ONG, señalada como responsable de que el Parlamento Europeo (PE) negara el calificativo de terrorista al MRTA.

Así lo anunció hoy el fundador de Aprodeh, Francisco Soberón, durante un encuentro con la prensa extranjera en Lima, en el que denunció que el Gobierno de Alan García ha puesto en marcha una campaña "macartista" contra los activistas y defensores de los derechos humanos.

El presidente García acusó públicamente a Aprodeh de "traición a la patria" por haber enviado una carta a los eurodiputados poco antes de la votación del 24 de abril, en la que recomendaba no sobredimensionar al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

En aquella misiva, dirigida a una veintena de eurodiputados, Aprodeh explicaba que el MRTA fue desarticulado hace ocho años y advertía de que su inclusión en la "lista negra" podía servir para perseguir a activistas sociales y acusarlos de terrorismo.

Tras hacerse pública la carta "ha venido esta campaña macartista a más alto nivel de decirnos traidores a la patria, de ser soportes del terrorismo", se quejó Soberón, en referencia a la persecución de comunistas en EE.UU. promovida por el senador Joseph McCarthy en la década de los cincuenta del siglo pasado.

Soberón, quien es director de Proyección Institucional de Aprodeh, criticó también al Gobierno por practicar detenciones en vísperas de la V Cumbre de Latinoamérica y el Caribe-Unión Europea (ALC-UE), que acogerá Lima del 15 al 17 de mayo, para supuestamente controlar a los movimientos sociales.

Asimismo, condenó la propuesta de un decreto ley, por el que el presidente podría ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas no declaradas en emergencia.

Esta "criminalización de las protestas sociales" respondería a que el presidente García pretende prevenir una situación similar a "lo que le ocurrió en el 86 con la Internacional Socialista" (IS).

En 1986, durante el primer Gobierno de García y mientras Lima acogía una reunión de la IS, las fuerzas del orden reprimieron un motín en varias prisiones de la capital peruana, en una acción en la que murieron más de 200 presos acusados de terrorismo.

Según Soberón, la Cumbre de los Pueblos, que discurrirá paralela a la reunión de jefes de Estado y Gobierno de ALC-UE, será un foro de discusión en el que participarán delegaciones extranjeras.