Denuncian dilación política para no fiscalizar decretos legislativos

7:18 | Desde el pasado mes de noviembre el pleno no se pronuncia sobre las normas enviadas por el Ejecutivo

Por Jorge Saldaña Ramírez

Como para no creerlo. Por un vacío reglamentario el Parlamento no está ejerciendo a plenitud el control político de los decretos legislativos que el Poder Ejecutivo ha dictado al amparo de la primera delegación de facultades para dictar normas legales contra el crimen organizado.

Desde noviembre del año pasado el pleno parlamentario sigue sin pronunciarse respecto a si son válidos o no los alcances de diez decretos legislativos que se encuentran vigentes al amparo de la Ley 29009 del 27 de abril del 2007.

Hace una semana, la Comisión de Constitución aprobó por mayoría proponer al plenario la derogatoria de los decretos legislativos 982, 983 y 989, pero no hay noticia respecto a si estos tres informes serán vistos en alguna de las tres últimas sesiones plenarias del Congreso de esta legislatura.

Hay más. Por efecto de una segunda delegación de facultades concedidas por la Ley 29157, están vigentes otros 26 decretos legislativos referidos a facilitar la implementación del tratado de libre comercio (TLC) suscrito entre el Perú y Estados Unidos.

Entre estos decretos se encuentran el que crea el Ministerio del Ambiente, reforma de la ley del Ministerio de Agricultura, la reactivación del Banco Agrario, la aprobación de la Ley de Contrataciones del Estado o el que crea Perú Compras.

El artículo 104 de la Constitución y el artículo 90 del reglamento interno del Congreso señalan el procedimiento del control político que debe ejercer el Congreso al Poder Ejecutivo. Empero no fija ningún tiempo preciso para que el plenario del Parlamento se pronuncie respecto a si es constitucional o no el decreto legislativo.

Esta situación fue expuesta ayer a El Comercio por el congresista fujimorista e integrante de la Comisión de Constitución, Rolando Sousa, quien aseveró que se trata de una demora de alcances políticos, "porque varios de los informes aprobados por la Comisión de Constitución plantean la derogatoria de estas disposiciones legales, como los decretos 982 (sobre la inimputabilidad de los policías), 983 (detención preventiva hasta por 144 meses) y 989 (indebida regulación de la flagrancia)".

"Si eso ha pasado con los decretos legislativos de julio del año pasado, imagínese qué va a pasar con los 26 decretos legislativos que se han dictado en el último mes y medio. ¿Cuándo se van a revisar?", inquirió Sousa.

Dijo que una solución para resolver este entrampamiento sería modificar el Reglamento Interno del Congreso con la finalidad de fijar, por ejemplo, un plazo de siete días para que el plenario del Parlamento se pronuncie sobre los informes que emita la Comisión de Constitución respecto a la legalidad de los decretos que dicte el Poder Ejecutivo.

El Comercio consultó sobre este tema al constitucionalista y magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Calle Hayen, quien dijo que la Carta Magna es clara cuando dice que el Congreso tiene la potestad soberana de legislar y fiscalizar.

ENFOQUE
¿Y tú, te vas,o no te vas?
Este domingo 15 de junio termina el segundo año parlamentario. Eso significa que a partir de esa fecha y hasta comienzos de agosto no habrá sesiones plenarias. En el interín se reunirán la Comisión Permanente y una que otra comisión dictaminadora o de fiscalización parlamentaria.

Pero si bien nuestros padres de la patria se van de vacaciones, en la práctica empieza otra etapa en la agenda parlamentaria: la recomposición de la Mesa Directiva y de las 22 comisiones de trabajo.

Eso implica el inicio de conversaciones multipartidarias en la primera semana de julio para una nueva correlación de fuerzas que ya tiene más de una novedad. El Grupo Parlamentario Especial (GPE) se desactivó. Se quedó solo Carlos Torres Caro, porque sus otros dos colegas Gustavo Espinoza y Rocío Gonzales decidieron pasarse al bloque parlamentario del fujimorismo. Eso implicaría que la bancada naranja tendrá igual peso que Unidad Nacional y de paso la capacidad para acceder a una presidencia de comisión más con respecto al año legislativo que termina.

Los rumores acerca de eventuales renuncias en Unión por el Perú (UPP) siguen con fuerza en los corrillos parlamentarios. Bastaría que uno de ellos fuera al humalismo para que este grupo pudiera pedir otra presidencia de comisión. Las sumas y restas tienen efectos.

AL GRANO
VÍCTOR MAYORGA.
PDTE. SUBGRUPO DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
"La demora es culpa del oficialismo"
¿Cuántos de estos diez decretos legislativos tienen reparos legales?
En algunos casos se han excedido de las facultades legislativas y en otros contravienen la Constitución. Por eso se plantea la derogatoria de tres decretos legislativos. El 983, por ejemplo, dice que la detención preventiva sin sentencia puede llegar a 144 meses. Pero también hay otros decretos que están conformes a las facultades delegadas.

¿Se afecta el control político del Congreso al Ejecutivo?
Se debilita el control político. Los plazos están, pero la demora es culpa del oficialismo que no pone a consideración del plenario congresal nuestros informes.

SEPA MÁS
- Cuando el Poder Ejecutivo dicta un decreto legislativo al amparo de una ley autoritativa, tiene tres días para dar cuenta al Congreso.
- El presidente del Congreso tiene un día de plazo para enviarlo a la Comisión de Constitución que a su vez tiene diez días para emitir su informe final acerca de la validez legal del decreto. Al plenario le corresponde ratificar o no ese informe.