Beatriz Merino invoca iniciar diálogo para evitar conflictos

18:51 | También convocó a las autoridades pertinentes a actuar de modo preventivo principalmente en los casos que podrían alcanzar la fase de crisis

(Andina).- La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, hizo un llamado a las autoridades nacionales, regionales y locales, así como a los actores involucrados en los 65 conflictos sociales que se encuentran activos, de acuerdo al Reporte de Conflictos Sociales N° 51, a iniciar procesos de diálogo y evitar la canalización de dichos conflictos a través de la violencia.

También convocó a las autoridades pertinentes a actuar de modo preventivo principalmente en 10 casos, los cuales se encuentran en estado de escalamiento y podrían alcanzar la fase de crisis de no haber una actuación inmediata.

Se trata de casos ubicados en Ayacucho, Cajamarca, Callao, Pasco (2), Puno (3), Tacna y uno en los límites de Puno y Moquegua.

1. Caso Marcha de los Wari (Ayacucho): Conflicto surgido a partir de la Marcha de los Wari, realizada el año pasado, en la que se exigió que se coloque la plataforma de demandas de la Región Ayacucho en la agenda nacional. Se organizó una mesa de diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sin embargo aún no se llega a cambios significativos y recientemente se suspendió el diálogo. Los actores sociales y políticos regionales podrían retomar medidas de fuerza en cualquier momento, si es que los representantes del gobierno central no retoman las conversaciones.

2. Caso de Huambocancha Baja y minera Yanacocha (Cajamarca): Conflicto surgido por la demanda de los   pobladores de Huambocancha Baja de la construcción de un nuevo sistema de abastecimiento de agua por parte de la empresa Minera Yanacocha, debido a que la actual se  encuentra contaminada.

A la fecha, se cuenta con los resultados del análisis de contaminación del agua, realizado por el Ministerio de Salud y Sedacaj, que ha arrojado resultadopositivo. Se invoca a la Municipalidad provincial de Cajamarca y al Ministerio de Salud a tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar la calidad del agua.

3. Caso Rancas (Pasco): Conflicto surgido porque los pobladores de la comunidad de Rancas se oponen a la construcción de una planta de Beneficio de Minerales Oxidados en el paraje Chaupishuco, la cual no tendría la autorización respectiva.

El 6 de mayo, los pobladores de Rancas impidieron la realización de la audiencia sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), organizada por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas.

La Oficina Defensorial de Pasco comprobó que la planta de Beneficio de Minerales Oxidados en cuestión está en proceso de construcción a pesar que el EIA respectivo aún no fue aprobado. La población espera una intervención del Ministerio de Energía y Minas en el marco de la ley.

4. Caso Colector La Perla (Callao): Ante el colapso de operaciones del colector de San Miguel, SEDAPAL inició las operaciones del colector de La Taboada (Ventanilla).

El Quinto Juzgado Civil del Callao dispuso el cese de operaciones del colector La Taboada. SEDAPAL respondió anunciando la apertura del colector La Perla, generando protestas de los vecinos del distrito arguyendo que se afectaría la salud y el ambiente. SEDAPAL inició un procedimiento ante DIGESA sobre autorización de vertimiento del colector costanero - La Perla, el cual se encuentra en trámite. Continúa la activa oposición de los vecinos.

5. Caso Volcan (Pasco): El conflicto surge debido a la oposición de los pobladores de Chaupimarca a la ampliación del tajo abierto de explotación minera realizado por la compañía Volcan.

El 8 de mayo, el pleno del Congreso declaró de necesidad pública e interés nacional la dación de medidas para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco. En respuesta, la Municipalidad provincial de Pasco rechazó dicho proyecto de ley. Por su parte, el poder ejecutivo observó el mencionado proyecto.

El proceso de aprobación de la propuesta legislativa no está considerando la opinión de los pobladores de esta ciudad acerca del traslado. Tampoco existe información suficiente sobre los presupuestos y fuentes de financiamiento necesarios para poder llevarlo a cabo.

6. Caso San Juan del Oro (Puno): Rechazo de la población al alcalde por su negativa a realizar rendición de cuentas, por presuntas irregularidades en el manejo presupuestal y prácticas autoritarias.

El JNE ha declarado fundado el recurso de apelación interpuesto por el alcalde César Zegarra, dejando así sin efecto la declaración de  vacancia al cargo municipal. El alcalde continuará ejerciendo el cargo siempre que dialogue y tome acuerdos con los pobladores.

La sociedad civil, las autoridades del gobierno regional y gobierno municipal provincial y la PNP son las llamadas a garantizar la continuidad de la gestión municipal.  

7. Caso Loromayo (Puno): Controversia entre los distritos de San Gabán y Ayapata (provincia de Carabaya) por el Centro Poblado de Loromayo. El alcalde de Ayapata considera que esta localidad está dentro de su circunscripción territorial.

Ninguna de las partes ha mostrado disposición al diálogo y según informaciones recientes un grupo de más de quinientos pobladores estarían desplazándose de Ayapata hacia Loromayo para instalarse en terrenos ubicados en la zona de controversia.

Las autoridades del gobierno regional y gobierno local provincial deben intervenir a la brevedad a fin de evitar situaciones de violencia.

8. Caso Mina Untuca (Puno): Pobladores de la comunidad de Untuca (distrito de Quiaca, provincia de Sandia) demandan el otorgamiento de tierras para actividad minera artesanal y el cumplimiento de obras establecidas en acuerdo con la empresa minera Cartagena.

Luego de la toma de las instalaciones mineras el 31 de mayo, se iniciaron reuniones de diálogo entre la comunidad, el Gobierno Regional de Puno y la Defensoría del Pueblo.

Por otro lado, la empresa minera, el Ejecutivo y autoridades regionales, aún no han implementado la mesa de diálogo pues las instalaciones aún siguen tomadas por los pobladores.

Además existen cuestionamientos al expediente de concesión minera aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Es urgente que el Ministerio del sector minero entregue el expediente de concesión a la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno para su evaluación respectiva y se generen las condiciones necesarias para instalar una mesa de diálogo.

9. Caso Candarave (Tacna): Oposición del Municipio provincial y organizaciones sociales a la extracción de aguas superficiales y subterráneas por parte de la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) a favor de sus centros mineros Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua), que estarían afectando los ríos Callazas, Tacalaya y Salado.

Tras la reunión del 30 de abril 2008, dirigida por el Ministerio de Energía y Minas, no se ha convocado a un nuevo encuentro entre el alcalde provincial de Candarave, los alcaldes distritales, la empresa SPCC y el Ejecutivo, a fin de revisar el programa de inversión del presente año 2008, relacionado con el aporte voluntario.

10. Caso Aruntani (Puno/Moquegua): Conflicto en demanda de acceso al canon minero. También se registran controversias limítrofes entre las regiones de Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa debido a la presencia de la empresa minera Aruntani.

Se tiene información de que representantes de organizaciones sociales de Puno han sostenido reuniones con representantes de PCM, MEM y MEF. Las poblaciones  esperan un pronunciamiento oficial de la PCM acerca de la distribución del canon.

La Defensoría del Pueblo, a través de sus oficinas defensoriales, se encuentra realizando una supervisión preventiva en cada uno de los casos y se encuentra dispuesta a intervenir en la medida de sus facultades.

Tal como lo viene haciendo, por ejemplo, en el caso del reclamo de los pobladores del distrito de Codo de Pozuzo (provincia de Puerto Ica, Huánuco) en contra del alcalde, por presuntos malos manejos de los fondos públicos y falta de transparencia.

En este caso, la Defensora del Pueblo se ha reunido con los pobladores para escuchar sus reclamos y demanda a la Contraloría General de la República su intervención.

Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales, informó también que durante el mes se han llevado a cabo ya 27 acciones de protesta, sobre las cuales conviene mantenerse alerta ya que podrían tratarse de conflictos sociales en etapa de gestación.

En esta situación se encuentra el departamento de Loreto, cuyos centros de salud y hospitales se encuentran en huelga indefinida desde el 14 de mayo debido a que sus trabajadores reclaman el pago de AETAS y el nombramiento de personal contratado.

Actualmente solo atienden las unidades de cuidados intensivos y de emergencias en el Hospital de Iquitos y el Hospital Regional. A inicios de esta semana los trabajadores de salud anunciaron que radicalizarían su protesta.

La Unidad de Conflictos Sociales dispone de información acerca de las amenazas de acciones de protesta emitidas en lo que va del mes.

Ya son cuatro los anuncios hechos, entre los que se encuentra el Paro Nacional agrario y campesino convocado para el 8 y 9 de julio, el cual se realiza en demanda de modificaciones en la política laboral, rechazo al alza del costo de vida debido al alza en el precio de los combustibles y en rechazo a los Decretos Legislativos N° 1015 y N° 982.

Este paro está siendo convocado por la CGTP, sin embargo existen otras organizaciones, con plataformas específicas, que se están plegando a la medida.

Rolando Luque invitó a los ciudadanos a visitar la página del Reporte de Conflictos Sociales (www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales) para encontrar información detallada de los casos mencionados e hizo un llamado a los ciudadanos que dispongan de información adicional a que la comuniquen a través de su página web.