7:18 | Dirigentes firmaron acta de entendimiento con el primer ministro Jorge del Castillo y el titular de Agricultura
Por Rocío La Rosa / Jorge Saldaña
"Hemos tomado medidas preventivas, la reunión de hoy lo es, aunque las soluciones pacíficas no son noticia". Con estas palabras el jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, quiso destacar ayer que el Gobierno se esfuerza por evitar otro 'moqueguazo' en el país. Según se quejó, estos espacios de diálogo no tienen la misma cobertura en los medios de comunicación en comparación con los hechos violentos y luctuosos que se desencadenan tras un reclamo social.
En ese intento, recibió en la sala Javier Pérez de Cuéllar de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a los presidentes de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Luis Zúñiga, y de la Junta Nacional de Usuarios de Riego, Enrique Málaga, además de otros representantes de este sector.
En la víspera se había conocido por algunos medios que estos gremios tenían planes de acatar un paro de 48 horas los días 8 y 9 de julio. Incluso, el segundo día iba a coincidir con el paro nacional convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Sin embargo, no será así.
Tras la reunión que se prolongó por más de cuatro horas --en parte de las cuales solo estuvo presente el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, pues Del Castillo acudió a votar por el candidato del Apra a la Mesa Directiva del Congreso--, las partes firmaron un acta de entendimiento. Al término de la cita quedó descartada la posibilidad de una medida de fuerza de este sector.
Entre los nueve puntos del documento figura la instalación de mesas de trabajo técnicas paralelas para discutir problemas puntuales relacionados con la distribución del agua y la producción de algodón, papa, arroz y café.
Otra mesa será para ver temas más generales sobre fertilizantes, la reestructuración de la deuda agraria y el saneamiento físico-legal de las comunidades campesinas. En cuanto a la denominada ley del agua, Del Castillo precisó que el tema estaba pendiente en el Parlamento y la solución no pasaba por el Ejecutivo.
DIÁLOGO SÍ, PARO NO
El último punto dice textualmente que los gremios "asumen el compromiso de continuar con el diálogo en un clima de tranquilidad y paz social". Asimismo, se comprometen a hacer llegar por escrito cualquier observación de incumplimiento de los referidos acuerdos.
"No hay por qué quebrantar la tranquilidad y el orden público", subrayó Del Castillo en una conferencia de prensa ofrecida al concluir el diálogo.
"Se ha recuperado la confianza mutua para seguir buscando soluciones a los problemas del agro (...) somos partidarios de la tranquilidad social y no tenemos ningún paro programado", manifestó Málaga.
PREOCUPA DEUDA AGRARIA
"Confiamos en el cumplimiento de los acuerdos (...) creo que hemos revisado gran parte de los principales problemas, trabajaremos de la mano con ustedes, juntos podemos hacer mucho para sacar al agro de esta situación", puntualizó Zúñiga, quien manifestó que uno de los problemas que más les preocupan es la promulgación de la denominada ley del Preda (proyecto de reestructuración de la deuda agraria), pendiente en el Legislativo.
Esto debido a que miles de agricultores mantienen enormes deudas con entidades financieras como bancos y cajas rurales.
Del Castillo resaltó que la buena disposición de los agricultores le da mucha tranquilidad al país. "El anunciado paro agrario no viene de estas organizaciones y tampoco existe la intención de plegarse al paro del 9 de julio. Vamos a esforzarnos por cumplir cada uno de los temas, acercarnos a las soluciones y dar lo mejor para que la agricultura siga siendo la punta de lanza del desarrollo y la lucha contra la pobreza", remató.
El ministro Benavides también destacó que se hubiera "reabierto el diálogo y establecido un plan de acción preciso". En la cita participó el presidente de la Comisión Agraria del Congreso, Franklin Sánchez (Apra).
DEL CONSULTOR
Que los acuerdos se cumplan (*)
Jorge del Castillo convocó a Conveagro y la Junta Nacional de Usuarios en respuesta a un firme comunicado del primero que llama la atención al gobierno por las normas que ponen en riesgo los derechos de propiedad sobre la tierra de comunidades campesinas y nativas.
Uno de los acuerdos fue el compromiso de las autoridades a reunirse con representantes de las comunidades campesinas para ver la problemática planteada por los cuestionados decretos legislativos 994 y 1015. También de formar mesas de trabajo para atender las inquietudes de los agricultores tanto en el tema del agua como de líneas de producción específicas: algodón, papa, arroz, café y lácteos. Cabe destacar que se acordó también la constitución de una mesa permanente para tratar problemas transversales.
Es preciso recordar que durante la gestión del presidente Toledo se creó el Consejo Nacional de Concertación Agraria --como instancia de concertación entre el Ejecutivo y los gremios agrarios--, hoy prácticamente desactivado. Es probable que si hubiese continuado la voluntad política concertadora, muchas de las reivindicaciones de los hombres de campo hubiesen podido ser canalizadas y resueltas por vías diferentes a las de la movilización social.
Es de esperar que los acuerdos alcanzados por las autoridades públicas y las organizaciones agrarias sean efectivamente cumplidos. A pesar del expreso compromiso de las partes de mantener el diálogo, es preciso que se den resultados visibles en el corto plazo. De lo contrario, no pueden descartarse nuevas frustraciones que conduzcan a renovadas movilizaciones, más aun en vísperas del anunciado paro convocado por la CGTP, la CUT y la Coordinadora Política y Social, para el próximo 9 de julio.
(*) Fernando Eguren. Sociólogo