Las Fuerzas Armadas apoyarán en la seguridad durante el paro nacional de este miércoles

11:08 | El Gobierno busca evitar protestas violentas y el bloqueo de carreteras en el país, según una resolución suprema publicada en el diario "El Peruano"

(DPA) - El Gobierno Peruano dispuso hoy la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en mantener el orden durante la huelga nacional de este miércoles, convocada por la principal central sindical del país en rechazo a las políticas económica y social del presidente Alan García.

En una resolución suprema publicada en el diario "El Peruano", el Ejecutivo dispuso que el Ejército, Marina y Fuerza Aérea también participen en brindar seguridad del 8 al 10 de julio, a fin de evitar protestas violentas y el bloqueo de carreteras en el país.

El control del orden interno corresponde a la Policía Nacional, con 95.000 efectivos, pero ante la posibilidad de un eventual desborde de las protestas el gobierno dispuso el apoyo de las Fuerzas Armadas, que cuenta con 200.000 miembros.

"El accionar de los institutos castrenses estará dirigido a contribuir y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos estratégicos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población", indica la norma.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó la huelga nacional el 9 de julio en rechazo además por el alza del costo de vida y el aumento en el precio de varios alimentos, que generan malestar entre la población.

Voceros del gobierno y gremios empresariales auguran el fracaso de la huelga e incluso García pidió a la población rechazar la medida por considerar que ahuyentará las inversiones.

Será la segunda huelga durante el gobierno de García, después de que en julio de 2007 el país quedara semiparalizado.

La CGTP, con 1,5 millones de afiliados, sostiene que las diversas protestas que se producen en Perú tienen como una de las principales causas "el incumplimiento de ofrecimientos electorales (de García) y de acuerdos suscritos por los funcionarios del gobierno".

La mayor central sindical del país, de tendencia izquierdista, demanda el cambio de la política económica, a la que los sindicatos califican de neoliberal, por considerar que no beneficia a la mayoría del país.