13:49 | El presidente de la Corte Suprema aseguró que el apoyo económico es necesario para la reforma de ese sector
El nuevo ministro de Economía, Luis Valdivieso, debe sensibilizarse y otorgar más recursos al Poder Judicial, para superar las deficiencias del sistema, mejorar el salario de sus 17 mil trabajadores y pagar la deuda pendiente de 450 millones de soles que mantiene con sus jubilados y pensionistas, afirmó el presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara Córdova.
La gente exige justicia, tenemos un Poder Judicial que debe proveer justicia a 27 millones y medio de peruanos en 29 distritos judiciales, cada uno con una problemática particular. Quisiéramos acelerar la reforma judicial, pero no tenemos el correlato que es el apoyo al Poder Judicial", manifestó en el programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio. "Nosotros reconocemos las cualidades profesionales del ex ministro Luis Carranza y también tenemos las magníficas referencias del nuevo ministro", agregó.
Távara Córdova dijo reconocer que existe un momento económico expectante, un alto grado de calificación, óptimos indicadores macroeconómicos, un crecimiento sostenido, una balanza comercial favorable y que en base a eso se debe atender la magra remuneración de los trabajadores del Poder Judicial.
"De todo el sector público, los peor pagados son los trabajadores del Poder Judicial, con una labor tan difícil e incomprendida, debe haber una mínima sensibilidad para paliar la bajísima remuneración de los 17 mil trabajadores (del PJ). Se exige mucho al trabajador y se le da muy poco. Lo que pedimos es que se le dé las condiciones mínimas para que puedan mejorar la eficiencia del servicio al ciudadano", puntualizó.
Carga social de 450 millones
Távara explicó que desde hace 15 años hay una "carga social", pues el Estado no dalos recursos necesarios para pagar las pensiones a los jubilados, ni tampoco parte de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) que le corresponden a los ex magistrados y ex servidores judiciales.
para dar un ejemplo, indicó que hay casos en los que un juez que trabajó durante cuarenta años, recibe una CTS amortizada al 10 por ciento y la quinta parte de la pensión que le corresponde.
"Yo recibo en mi despacho a la Asociación de Jubilados y Cesantes, gente que va con enfermedades terminales, que van con los documentos probatorios y que no se le puede pagar. Este es un tema sensible y creo que sólo ocurre en el Poder Judicial. Esto realmente es inmoral e incompatible con una sociedad democrática", comentó.