Robos afectaron los servicios básicos de más de 780 mil usuarios

7:19 | Ley que incrementó penas por hurto de servicios públicos no frenó a las mafias. Plantean regular el comercio de chatarra de cobre y prohibir su exportación

Por Fabiola Torres López

Han pasado seis días, pero ni los bomberos ni Sedapal localizan el cuerpo de un adolescente que cayó en un buzón de desagüe en la cuadra ocho de la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima, tras bajar de un vehículo de transporte público el último sábado. La tapa del buzón había sido robada.

El Instituto Nacional de Rehabilitación del Callao dejó de recibir temporalmente llamadas, debido al robo de cables telefónicos en la calle Vigil. Este delito es recurrente en la zona, por lo que el establecimiento sufre de constantes suspensiones en el servicio de telefonía.

Ciento ochenta y cinco familias de Santa Clara, en Ate-Vitarte, despertaron ayer en tinieblas. A las cuatro de la madrugada, unos delincuentes robaron los cables de luz que los dejaron sin energía eléctrica. El servicio pudo ser repuesto unas horas después.

El robo de la infraestructura de las empresas de servicios públicos genera no solo pérdidas económicas a las entidades involucradas, sino que afecta, principalmente, el bienestar y calidad de vida de las personas. Solo en los primeros seis meses del año, 780.685 usuarios de los servicios de luz, telefonía, agua potable y desagüe de Lima fueron afectados por estos robos, según los reportes de las empresas Luz del Sur, Edelnor, Telefónica del Perú y Sedapal.

A dos años de la promulgación de la Ley 28820 --que modificó dos artículos del Código Penal para endurecer las sanciones a las personas que atenten contra la infraestructura pública, con penas no menores de seis ni mayores de diez años-- el delito no disminuyó, sino que se incrementó como lo muestran los cuadros que acompañan esta nota. Solo en el rubro de electricidad, la empresa Luz del Sur reportó 1.500 robos el 2006, 2.300 el 2007 y en lo que va del año ha registrado 1.200 robos de cables de energía en Lima.

Las bandas organizadas que roban y comercializan el cobre en el mercado negro siguen operando con impunidad. Aún son pocos los casos en los que se logra individualizar al autor y detectar toda la cadena delictiva, que empieza con aquellos que cortan los cables y que termina con la comercialización en los locales de chatarra. Hasta ahora, el único proceso en el que son juzgados casi todos los actores de la cadena delictiva se ventila en el Quinto Juzgado Penal de Lima: 18 personas son investigadas por vender cables telefónicos robados a 11 exportadoras de cobre.

Hasta el 2007, un total de 20 personas fueron sentenciadas a prisión efectiva por robos de la infraestructura de servicios públicos, 19 por afectar a la empresa Telefónica y una a Sedapal. Sin embargo, ellas fueron solo el 2% de las 957 personas procesadas por este delito entre el 2002 y 2006.

En el primer trimestre de este año, la policía capturó a 152 personas por robos de cables telefónicos. Sin embargo, solo 18 se encuentran con mandato de detención. "La ausencia de penas drásticas y ejemplares alienta a los delincuentes, ya que la mayoría de condenas que dicta el Poder Judicial no supera los cuatro años de pena privativa de la libertad y tiene una ejecución suspendida", añade Javier Vega, asesor legal de Telefónica del Perú.

Juan Pacheco, gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), plantea que para mejorar el combate de este delito se debe regular el comercio de la chatarra de cobre y prohibir su exportación. Estas medidas serán evaluadas en la mesa de trabajo que las empresas públicas afectadas, los organismos reguladores, la policía y la Defensoría del Pueblo han formado para enfrentar el problema con una estrategia conjunta. En agosto darán a conocer los primeros resultados de sus reuniones.