Canchaya podría librarse de acusación penal

7:38 | Fiscal adjunto dice que congresistas no tienen facultad para nombrar personal. Procurador Ubillús dice que desaforada legisladora es la única responsable

Por Débora Dongo-Soria

"Los congresistas únicamente proponen, es decir, escogen a quién quiere que se nombre. Pero es la gerencia de Recursos Humanos la que finalmente nombra. En consecuencia, no encontramos nombramiento ilegal alguno en este hecho".

Con este argumento, el fiscal adjunto supremo Tomás Gálvez Villegas considera que la actuación de la desaforada parlamentaria Elsa Canchaya no constituye delito y, por consiguiente, no existe responsabilidad penal por haber contratado a su empleada del hogar como asesora parlamentaria, pese a que no contaba con las calificaciones para el puesto.

"¿Qué estamos diciendo en el dictamen? Que ella no puede cometer el delito por la sencilla razón de que no tenía facultades para nombrar, y --en efecto-- no nombró", puntualizó, en rechazo a las acusaciones del procurador del Parlamento, Julio Ubillús, quien afirmó que Gálvez ha querido favorecer a Canchaya al declarar fundado su pedido para que tampoco se la acuse por nombramiento ilegal.

El representante del Ministerio Público, quien admitió no haber tenido acceso al expediente principal del caso, agregó que el reglamento del Congreso no exige requisitos para contratar a los asesores de los legisladores, por lo que la propuesta de Canchaya de contratar a su empleada del hogar no implica responsabilidad penal.

Lo único que aceptó el fiscal es que el acto cometido por Canchaya es reprochable. Sugirió, más bien, corregir el reglamento para que no haya trampas en la contratación de personal.

UBILLÚS LO DESMIENTE
Poco después, el procurador Julio Ubillús replicó que sí existe un perfil laboral para los cargos de confianza, el cual supone contar con una experiencia no menor de cinco años en la función congresal, la cual no tenía Jacqueline Simon, la empleada contratada como asesora.

Ubillús dijo, además, que hay tres memorandos en los que Canchaya comunicó al área de RR.HH. del Congreso que contrataba a Simon como asesora.

"Ella tenía total dominio de la acción. No es que el Parlamento contrate, lo que este hace es abonarle sus servicios por la parte administrativa y operativa (...) Las trampas las hizo la señora Canchaya en forma individual, nada tiene que ver el Congreso".

Finalmente, lamentó que el fiscal no hubiera explicado porqué retuvo el expediente durante siete meses, rechazó sus críticas al reglamento del Congreso y calificó de inaudito el hecho de que Gálvez haya admitido no haber visto el expediente principal sino solamente copias.