Denuncia contra Canchaya está bien tipificada, asegura procurador del Congreso

13:23 | Julio Ubillús confió en que el Poder Judicial continuará el proceso penal contra la suspendida legisladora

(ANDINA)- El procurador del Congreso, Julio Ubillús, confió hoy en que el Poder Judicial continuará el proceso penal contra la suspendida legisladora Elsa Canchaya, al descartar que haya sido mal tipificada la denuncia en su contra por delito de nombramiento indebido de personal.

"Descarto errores en la tipificación porque se encuentra en todas las normas (.) Confío en que el Poder Judicial pueda avanzar en el tema y confirme el proceso porque la señora Canchaya ha perdido una excepción en primera instancia", declaró a la Agencia Andina.

Agregó también que continúa en trámite la denuncia contra el adjunto de la primera Fiscalía Suprema en lo Penal, Tomás Gálvez, por haber opinado que Canchaya no podía ser procesada por el delito de nombramiento ilegal.

Según explicó, "resulta poco serio" que el fiscal se pronuncie en ese sentido, sin haber leído siquiera el cuaderno principal del caso, tal como lo reconoció en una conferencia de prensa, y emitir una opinión desestimando los argumentos legales contenidos en el expediente.

"Allí el fiscal trata de ocultar el tema de fondo, y dice que no existe delito en un nombramiento indebido. Esa es una gran mentira y una gran falsedad", comentó Ubillús.

Mencionó, por ejemplo, que la Ley 28175 o Ley Marco del Empleado Público, establece en su artículo 4 que el empleado de confianza que desempeña cargo técnico o político, lo remueve o lo nombra quien tiene a su cargo el rol de empleador en el Parlamento.

Del mismo modo, indicó que el artículo 5 del reglamento interno del Congreso precisa que el ingreso del personal de confianza de los congresistas es por designación directa del legislador.

Por ello, resaltó que la denuncia, elaborada en su momento por el ex presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Víctor Mayorga, cuenta con el sustento jurídico y legal suficiente para proceder en el Poder Judicial.

"Y de los actuados judiciales, hay memorandos en los que la señora Canchaya da cuenta que ella contrató y nombró a su personal, y cuando ese personal acaba su función, a ella le presentan la renuncia, no al Congreso", argumentó.

El procurador aclaró que el Congreso de la República solo tiene responsabilidad administrativa al abonar los honorarios del personal de confianza.