11:00 | El canciller José Antonio García Belaunde destacó que probablemente este semestre se inicie un diálogo entre América Latina y Europa para analizar los alcances de la Directiva del Retorno
(ANDINA).- El canciller José Antonio García Belaunde consideró hoy viable la posibilidad de obtener una "estatus" diferenciado para los inmigrantes de América Latina en Europa, en la reunión ministerial entre ministros de ambos bloques que se realizará para analizar la Directiva del Retorno.
Recordó que la referida normativa permite establecer acuerdos entre la Unión Europea con los países de donde provienen los inmigrantes.
"La Directiva del retorno abre la posibilidad de acuerdo bilaterales, entonces, podemos conseguir un estatus diferente. A partir de acuerdo bilaterales entre los países de América Latina y los europeos. Eso está previsto en esa directiva", declaró a la Agencia Andina.
Destacó que probablemente este semestre se pueda dar inicio a este diálogo entre América Latina y Europa, en la cual se analizará los alcances de la Directiva del Retorno, que afecta a los inmigrantes en Europa.
La reunión entre ambos bloques, a nivel ministerial, da seguimiento a la iniciativa planteada recientemente por el Perú en la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la reunión ministerial, que se implementará en breve, participarían la Troika América Latina-Caribe / Unión Europea, así como los representantes de los países que ejercen las Presidencias de los mecanismos regionales de integración con la Comunidad Andina (CAN), Comunidad de Caribe (CARICOM) y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).
Asimismo, asistieron la Comisaria Europea de Relaciones Exteriores y Política de Vecindad, Benita Ferrero - Waldner, así como el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana.
La Directiva de Retorno, aprobada por la Comunidad Europea, construye el marco legal que permitirá a los países de la Comunidad Europea devolver a sus países de origen a los inmigrantes en situación de ilegalidad y autoriza a detenerlos hasta por un periodo de 18 meses.
La norma ha sido rechazada por los países de América Latina por considerar que es injusta e inhumana.