La reestatización del sistema de pensiones argentino será perjudicial a largo plazo

17:04 | Analistas creen que a corto plazo la medida beneficia. El régimen privado de pensiones está controlado por 10 aseguradoras con 9,5 millones de afiliados. El Congreso, controlado por el oficialismo, aprobaría la propuesta

Buenos Aires (AP) - La decisión del gobierno argentino de nacionalizar el sistema privado de pensiones le reportará beneficios financieros en el corto plazo, pero a la larga tendrá efectos corrosivos, coincidieron analistas.

"Aún cuando la propuesta, de ser aprobada, le daría al gobierno mayor flexibilidad financiera en el corto plazo, vendría a deteriorar la ya débil credibilidad de las políticas públicas y agravaría la percepción negativa que se tiene acerca de la integridad institucional" de Argentina, comentó Mauro Leos, analista de Moody's Investor Services en Nueva York.

La presidenta Cristina Fernández envió el martes al Congreso el proyecto para reestatizar el régimen privado de pensiones --controlado por 10 aseguradoras que poseen 9,5 millones de afiliados--, lo que implica la transferencia al Estado de fondos por unos 30 mil millones de dólares además de los 4.500 millones que aportan anualmente los trabajadores.

Fernández dijo que la medida protege a los futuros jubilados ante la caída en la rentabilidad de los fondos privados, pero analistas y opositores sostienen que lo que el gobierno busca es asegurarse el financiamiento de sus vencimientos de deuda para los próximos tres años, que suman unos 28.000 millones de dólares.

El oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras lo que, en principio, le garantizaría la sanción de la ley. Buena parte de los legisladores opositores están a favor de eliminar el sistema privado de pensiones por considerarlo ineficiente, pero advirtieron que exigirán que la ley limite la disponibilidad de los fondos.

"Existe un significativo acuerdo entre la oposición y el bloque oficialista sobre los fundamentos del proyecto (el pasaje hacia un sistema de jubilación estatal). Sin embargo, podrían imponerse grandes restricciones al uso que se dará a esos fondos", escribió el analista Sebastián Vargas de Barclays Capital en una nota a inversores.

"Asignamos un 55-60% de posibilidades a la aprobación parlamentaria del proyecto, con algunas modificaciones, en las próximas semanas. Todo indica que el debate se centrará en la forma de minimizar el uso discrecional de los fondos por parte del gobierno", coincidió Daniel Kerner, analista para América Latina del Eurasia Group, con sede en Nueva York.

La reestatización del sistema de pensiones mejoraría la posición financiera del gobierno, alejando el persistente temor de los inversores sobre un cese de pagos de la deuda, pero a largo plazo la medida se avizora perjudicial.

Según Kerner, "el descontento y la incertidumbre crecerán, lo que podría canalizarse (...) en una caída en los depósitos bancarios y una mayor presión sobre el peso".

Vargas predijo que si el Congreso rechaza la reforma propuesta "las implicancias de un voto negativo podrían ser dramáticas".

"Dejaría al país sin financiamiento para 2009 y con un gobierno que ha mostrado estar dispuesto a comprometer los derechos de propiedad; las ramificaciones políticas, económicas y financieras son desalentadoras", añadió.

El proyecto será analizado en comisiones de la Cámara de Diputados que dictaminará para su posterior tratamiento en el pleno legislativo. De salir sancionado en la cámara baja, será tratado en el Senado.