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Los extranjeros presos podrían cumplir condenas en sus países

9:24 | Actualmente hay 1.094 internos de otras naciones en cárceles del Perú. El 90% de ellos fue detenido por delito de tráfico ilícito de drogas

Por Alberto Villar Campos

Hay en sus juegos una imagen recurrente y conmovedora: la pequeña trata de jalar a su madre del brazo mientras esta la atrae con fuerza a su pecho. Sandra Enríquez Burbano (40), la ecuatoriana que en el 2005 decidió emprender un viaje sin saber que estaba embarazada, pasa sus días de esta forma: en un mundo donde la felicidad parece capaz de vencer cualquier barrote.

"Mi niña es la única que me ayuda a soportar esto", dice, pero su tristeza --lo sabe muy bien-- podría empezar dentro de poco: el 17 de marzo del 2009, cuando al fin cumpla los tres años, Samantha --la menor de sus tres hijos-- se verá obligada por ley a dejar el penal de mujeres de Chorrillos, el único mundo que ha conocido hasta ahora y, sobre todo, a la única persona que ha sido capaz de darle el amor que, hoy más que nunca, necesita.

CONDENADOS POR EL DINERO
Según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a octubre de este año, son 1.094 los extranjeros recluidos en cárceles del país. De ellos, el 89% (982) se encuentra en la capital. Fuentes de esa entidad señalaron, además, que el 90% del total de presos fue detenido por tráfico de drogas, sobre todo en la modalidad de 'burrier'.

Eso ocurrió con Sandra, a quien la policía capturó el 4 de agosto del 2005 en el aeropuerto Jorge Chávez mientras intentaba sacar un paquete con ropa para niños impregnada con clorhidrato de heroína. El suyo, sin embargo, es solo uno de los más de 200 casos de extranjeras que deberán pasar entre 6 y 15 años en la cárcel por el delito de tráfico ilícito de drogas, y es también el retrato de un drama que tiene como protagonistas a los presos de otras nacionalidades que purgan condenas en el país.

Sandra lleva ya tres años en la cárcel y le restan otros diez para cumplir su castigo, uno que, por lo demás, no le permite algún tipo de beneficio, como por ejemplo la libertad condicional, refiere José Ávila, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo.

Ella, al igual que otros internos extranjeros, comparte actualmente un destino incierto. "Los 'burriers' son personas que buscan dinero fácil, tienen necesidades económicas o están enfermas y requieren costear sus medicinas", agrega.

No obstante, el verdadero síntoma de esta cruda realidad parece ser el desenlace y no la causa de sus delitos: tener que adaptarse a la fuerza a un país que no es el suyo; tratar, la más de las veces sin suerte, de superar las barreras del idioma; y, sobre todo, ser capaces de sobrevivir a las distancias que los separarán durante años de sus seres queridos.

Rómulo Pizarro, presidente de Devida, sostiene, además, que los presos a los que se les otorga la semilibertad deberán sortear obstáculos aun mayores: no podrán dejar el país mientras sus penas no concluyan y, por si fuera poco, se les hará casi imposible conseguir un trabajo.

Por lavar los baños de su pabellón --donde viven las reclusas embarazadas o con hijos--, Sandra gana S/.30 semanales. La paga, sin embargo, resulta insuficiente, pues, de lunes a viernes, ella debe gastar S/.2 para comprar la comida que su hija llevará a la guardería del penal.

Ello, sumado a los S/.5.000 que deberá pagar al Estado como reparación civil, dibuja por entero un panorama que aumenta de forma alarmante: este año la policía ha detenido a 191 'burriers' en el aeropuerto Jorge Chávez. Al igual que en el 2006 y el 2007, estos, en su mayoría, provienen de España y Holanda.

"Si cometí el delito fue porque necesitaba el dinero. Mi familia es pobre, tuvieron que ahorrar un año para que uno de mis hermanos viniera a visitarme", dice Sandra, con la voz casi apagada.

POR UNA NORMA POSIBLE
Según el Ministerio de Justicia, el Estado destina anualmente S/.3.600 para mantener a cada interno que purga condena en el Perú. Si multiplicamos esta cantidad por el número de extranjeros encarcelados actualmente, el resultado será S/.3'938.400.

Frente a este problema, la institución elaboró el año pasado un proyecto de ley (2191/2007-PE) que tiene como objetivo permitir el traslado de los presos extranjeros a sus países para que cumplan allí sus condenas. La norma, además, plantea la posibilidad de poder exonerarlos del pago de la reparación civil luego de un análisis que estará a cargo del INPE y del Poder Judicial.

Según las proyecciones oficiales, unos 200 reos extranjeros volverían a sus países en los primeros cinco meses tras la aprobación de la ley, señala Erasmo Reyna, viceministro de Justicia.

Hace unas semanas, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó el proyecto, que ha pasado ya al pleno y podría ser votado en los próximos días.

Sin embargo, todavía hay un problema por resolver. Solo el 20% (221) de los internos de otros países ha sido sentenciado por la justicia peruana. Para Pizarro, esta es la principal preocupación y el objetivo primordial que debería trabajarse mientras se espera por la decisión del Legislativo.

La mayoría de los 'burriers' no tiene un perfil criminal. Muchos, sin duda, no quieren que se les otorgue la libertad: ellos fueron correos de droga, pero necesitan volver a insertarse en la sociedad, dice Ávila. Ese, por supuesto, es el único sueño de Sandra ahora: ver de nuevo a sus familiares, pero sobre todo no separarse tanto de aquel mundo perfecto que vio nacer: su hija...

MÁS DATOS
4 Según el proyecto de ley, el proceso de traslado de extranjeros a sus países duraría entre cuatro y seis meses.
4 En el 2007, 138 extranjeros condenados por la justicia peruana obtuvieron beneficios penitenciarios (semilibertad).
4 La Defensoría del Pueblo ha logrado que el Poder Judicial autorice el retorno de extranjeros a sus países con la condición de que estos firmen los registros de asistencia mensual en los consulados peruanos.
4 Las leyes peruanas castigan con no menos de 6 años de cárcel a los 'burriers'.