Abimael Guzmán pidió a la CIDH nulidad del juicio que lo condenó en Perú

18:26 | La socilitud para que se anule el proceso del 2003 se basa, según sostuvo uno de sus abogados, en que se aplicaron leyes derogadas y la tesis de la autoría mediata

Los abogados de Abimael Guzman (74), fundador de la organización terrorista Sendero Luminoso, informaron que su cliente demandó a Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo la nulidad del juicio que lo condenó a cadena perpetua -según él- por considerar que se violaron sus derechos.

Según explicó a la AFP Alfredo Crespo, uno de los defensores de Guzmán, la demanda se basa en que el proceso que se siguió contra el líder subversivo, y que concluyó en octubre del 2006, "significó una violación de los derechos del  Guzmán, contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y en la Convención Americana de Derechos Humanos".

"Hemos pedido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acoja esta denuncia y someta el caso a la Corte Interamericana de DD.HH. En caso de llegar a la Corte pedimos que se declare la nulidad del proceso y se haga un nuevo juicio conforme a las normas del debido proceso", dijo Crespo.

"El documento se presentó oficialmente el 3 de setiembre y luego la CIDH nos comunicó con fecha 29 de setiembre la recepción de la denuncia", informó Crespo.

El abogado dijo que recién hacía el anuncio a la espera de que la demanda sea elevada a la Corte Interamericana. De prosperar el pedido, Guzmán sería sometido a un tercer proceso.

Tras su captura en setiembre de 1992, Guzmán fue condenado a cadena perpetua por un tribunal militar en un juicio sumario por "delito de terrorismo y traición a la patria".

Años después, en el 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió un nuevo juicio a Guzmán y a todos los miembros de su estado mayor debido a que los procesos no respetaron las mínimas garantías de defensa.

En el último juicio en el fuero civil, Guzmán recibió nuevamente la cadena perpetua por delito de "terrorismo agravado y homicidio calificado" junto a su compañera Elena Iparraguirre. Sus lugartenientes recibieron penas de 25 años de cárcel.

Este proceso, según diversos analistas, se efectuó con las garantías de un proceso justo. Sin embargo, Crespo cree que en el último juicio se aplicó a su patrocinado "el derecho penal del enemigo que es una tendencia que considera enemigos a quienes cuestionan el sistema social imperante".

"También se aplicaron leyes derogadas y la tesis de la autoría mediata que no está prevista en las leyes peruanas", añadió.

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