11:58 | El anuncio del ministro de Defensa, de poner a la venta parte del Cuartel General del Ejército, generó el rechazo de los vecinos
Por Álvaro Gastañaduí Ramírez
Apoyados por su municipalidad distrital, los vecinos de San Borja están dispuestos a enfrentarse al Ministerio de Defensa para evitar la venta de un lote de 166.825 metros cuadrados del Cuartel General del Ejército.
Desde que escucharon el rumor de la venta, los vecinos empezaron a recolectar firmas con el fin de solicitar al presidente Alan García que desapruebe la iniciativa. Ya llevan 2.000 firmas y esperan llegar a las 10.000 antes de remitir su misiva. Además, este lunes, desde las 9 p.m., tienen previsto realizar una vigilia. Y si eso no es suficiente, acudirán al Poder Judicial junto con los herederos de la familia Castañeda (a la que se le expropió el terreno del ahora Cuartel General del Ejército) para demandar que el íntegro de lo que se obtenga le sea entregado, pues consideran que la venta desvirtúa la expropiación realizada.
El vecino Emilio Santa María Zúñiga aseguró que, de urbanizarse ese terreno, la zona colindante se vería afectada con mayor contaminación, tráfico vehicular; sostuvo que las redes de servicio público colapsarían, al no estar diseñadas para abastecer a más moradores. Aseguró haber iniciado los contactos con la familia Castañeda para las acciones legales correspondientes.
PREOCUPACIÓN MILITAR
Aunque el Ejército no puede pronunciarse de manera autónoma, pues depende del Ministerio de Defensa, trascendió ayer que existe un gran descontento entre oficiales y suboficiales por la posible venta de ese terreno. Según se supo, en esa zona hay un gimnasio, un estadio, canchas de tenis y de fulbito y hasta una pista de combate que son usados por el personal militar. El Ministerio de Defensa ha optado por no pronunciarse.
Por su parte, el teniente alcalde de la Municipalidad de San Borja, Marco Antonio Álvarez Vargas, aseguró que su entidad respaldará a los vecinos en esta iniciativa, con el fin de proteger el carácter residencial de la zona.
Asimismo, señaló que a su comuna le preocupa quién podría comprar ese terreno y qué fin le daría. Asimismo, aseguró que con más viviendas en la zona disminuiría la relación de áreas verdes por habitante, que ahora es de 10 metros cuadrados por persona, habría mayor congestión y hasta un mayor incremento de la disposición de desechos sólidos.
También indicó que los proyectos urbanos de gran envergadura, como el que podría levantarse en esta zona, exigen un mayor planeamiento que integre el entorno, las vías y los servicios.
PROBLEMA ÉTICO Y JURÍDICO
Los abogados Augusto Ferrero Costa, Mario Castillo Freyre y Marco Tulio Gutiérrez coincidieron en señalar que jurídicamente es imposible que esa parte de la propiedad proyectada para la venta revierta a la familia que era dueña de la propiedad expropiada. Según Ferrero, la familia afectada ya recibió el precio por esa venta forzosa y, por tanto, no tiene nada qué reclamar. Castillo Freyre sostiene que en este caso ya se cumplió el objetivo por el que fue expropiado el terreno y los antiguos propietarios no podrían ejercer el derecho de reversión, ya que no se configuraría ese supuesto reconocido en la Ley de Expropiación. Gutiérrez indicó que con la normatividad vigente --la Ley 27117, dada en 1999-- no se reconoce derecho alguno al propietario en caso de que el bien expropiado sea destinado a otro fin. Agregó que por una cuestión ética no debería venderse, pues fue expropiado para el Cuartel General del Ejército y ello debe respetarse.
MÁS DATOS
La comisión parlamentaria que investiga la venta de terrenos del Estado citó para mañana o el lunes al ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, para que explique la venta de parte del 'Pentagonito'.
El Gobierno vendió, en mayo, la sede del Ministerio de Educación, en San Borja. También quiere subastar los locales de los ministerios de Energía, (San Borja), Agricultura (Jesús María), Justicia y la Presidencia del Consejo de Ministros, ambos en Miraflores.
También vendió el Aeroclub de Collique, donde se construirán unas 22.000 viviendas.