Senado argentino aprueba expropiación de Aerolíneas del grupo Marsans

19:39 | Con 42 votos a favor y 20 en contra, los senadores aprobaron la iniciativa impulsada por el gobierno de Cristina Fernández

Buenos Aires (AP) - El Senado convirtió en ley el miércoles el proyecto del gobierno que dispone la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral al Grupo Marsans de España y después de 18 años vuelven a manos del Estado.

El grupo español consideró "ilegítima" la medida y confirmó que concurrirá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.

Con 42 votos a favor y 20 en contra, los senadores sancionaron la iniciativa impulsada por el gobierno de Cristina Fernández que declara "de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas".

Marsans --propietario del 94,6% de Aerolíneas y del 97% de Austral-- controlaba las compañías desde 2001, año en el que las adquirió de la también española Iberia. Las aerolíneas habían sido privatizadas a principios de la década de 1990 bajo el gobierno de Carlos Menem.

"Esta compañía considera que la confiscación es arbitraria e ilegítima, porque contradice lo acordado con el Estado Nacional en julio pasado, cuando el gobierno argentino se comprometió a comprarlas", afirmó el grupo español en un comunicado.

En aquel acuerdo, Marsans se comprometía a vender al Estado sus acciones siguiendo un mecanismo de valuación que establecía que cada parte aportaría una tasación y que, en caso de disparidad sobre el precio de venta, se recurriría a un tercer valuador.

Pero en septiembre, el Congreso aprobó una ley de rescate de las compañías que lo facultaba para determinar el precio de venta, desconociendo el acuerdo.

Según la valuación encargada por el gobierno, Aerolíneas y Austral tienen un valor negativo de 832,8 millones de dólares y por lo tanto juzgaba que no debía abonar un dólar. Pero el grupo español defiende la cotización que le encargó al banco Credit Suisse, según la cual Aerolíneas tiene un valor de mercado de hasta 60 millones de dólares y Austral de hasta 380 millones de dólares.

El gobierno se negó a recurrir a un tercer tasador, tal como lo estipulaba el acuerdo de julio, y en cambio instruyó a los legisladores oficialistas, mayoría en ambas cámaras, de avanzar en la expropiación.

Marsans confirmó que sus accionistas han iniciado "un arbitraje bajo el tratado de protección recíproca de inversiones entre la República Argentina y el Reino de España ante el CIADI en Washington".

"Con el arbitraje se busca la compensación monetaria por la confiscación que el Estado Nacional Argentino está instrumentando y por todas las violaciones a los tratados que han ocurrido en los últimos años", afirmó Marsans.

En ese sentido, denunció que la compañía "ha resultado seriamente perjudicada por la falta de una política adecuada del gobierno para el transporte aerocomercial", como el congelamiento de las tarifas y su negativa a otorgar subsidios por el aumento del precio del combustible.

El gobierno defendió la reestatización de las líneas aéreas con el argumento de que su quiebra pondría en riesgo la comunicación interna, ya que manejan el 80% del mercado de cabotaje y algunas rutas son operadas sólo por esas compañías, que también distribuyen el correo. Acusó, además, al grupo español de una administración ineficaz de las compañías.

El texto aprobado en el Senado establece que "para garantizar la prestación de los servicios, su ampliación y mejoramiento, el Poder Ejecutivo instrumentará los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras de las empresas y realizar operaciones de crédito".

También impone un plazo de 180 días para la presentación de un "Plan General de Negocios, estratégico y operativo de mediano y largo plazo", contemplando "las necesidades de aquellas regiones del país que dependan de manera fundamental del transporte aéreo".

La norma aprobada instruye al Poder Ejecutivo a "presentarse a todas las causas penales existentes en las que se investiguen los eventuales delitos que los actuales accionistas mayoritarios hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la sociedad".

Por otra parte, cede acciones representativas del capital social a los trabajadores de las compañías "hasta un máximo del 10% de sus paquetes accionarios".