17:33 | Médicos de dicho nosocomio en Chimbote fueron denunciados penalmente. Segundo Juzgado Penal ya investiga a otros 120 beneficiarios
(El Comercio Norte) Cuando Julio Baltazar Ávila (61) se presentó en la Oficina de Normalización Previsional (ONP), algo raro vieron en él. Su expediente médico precisaba un mal en la columna que le impedía caminar, pero el paciente andaba sin muchas dolencias.
Entonces revisaron su archivo: "espóndilo artrosis". Lo curioso fue que el diagnóstico era el mismo de otros beneficiarios. Como si fuera una epidemia, casi todos tenían la misma enfermedad.
Por esta razón, en marzo del 2007, la ONP dispuso que los trabajadores inválidos sean nuevamente revisados por una Junta Médica de Essalud, pues ya dudaban del diagnóstico de los médicos del hospital La Caleta, donde se expidieron cientos de certificados de invalidez.
Las sospechas se hicieron realidad. Así se descubrió que Julio Baltazar Ávila solo tenía un problema auditivo. Otros estaban en igual situación. ¿Por qué entonces les dieron un certificado de invalidez por problemas en la columna? Para la ONP, las cosas estaban claras: la existencia de una mafia al interior del hospital La Caleta.
El informe de la Junta Médica de Essalud determinó que el 90% de los casos reportados tenían el mismo diagnóstico: espóndilo artrosis, pero los pacientes presentaban otro mal, como en la vista, oído o los brazos. Por ello, el jefe de la División de Procesos Judiciales de la ONP, Roberto Sánchez Greco, interpuso la denuncia por el delito contra la fe pública y por corrupción de funcionarios (cohecho pasivo) contra los médicos del hospital La Caleta, Juana Arroyo Bazán, como directora, y Elizabeth Torres y Julio Beltrán Bowldsmann, integrantes de la comisión evaluadora.
La investigación llegó a manos de la Tercera Fiscalía Penal, la cual determinó que 120 personas pagaron para obtener un certificado médico fraguado. El fiscal Emilio Llanos Esquives refirió que la persona identificada como Violeta Chumioque Urcia era el nexo entre los beneficiarios y los médicos.
Recientemente, el Segundo Juzgado Penal abrió instrucción contra los galenos y dispuso comparecencia restringida contra ellos y que se sometan a ciertas reglas de conducta.
LA CIFRA AUMENTA
Los casos, sin embargo, no quedaron ahí. Roberto Sánchez Greco informó que se han descubierto más expedientes con certificados presuntamente fraguados. Esta vez la cifra llega a los 500.
"Vamos a tomar las acciones legales porque han causado un serio perjuicio económico a la institución", manifestó el abogado.
Por su parte, la directora del hospital La Caleta, Juana Arroyo, manifestó que debido a sus múltiples ocupaciones no verificó los certificados que firmaba. Refirió que confiaba en sus colegas y por eso no puso ninguna observación.
DATOS
Los beneficiarios pertenecen al régimen de la ley 19990. Por pensión reciben entre S/. 490 a S/550.