18:28 | Barney Frank tiene un proyecto que busca medidas más audaces que puedan estabilizar el sistema financiero y la economía estadounidense
Washington (Reuters).- Un importante legislador demócrata presentó hoy un proyecto que haría más estrictas las reglas del programa de rescate financiero de 700.000 millones de dólares y destinaría una parte para la prevención de las ejecuciones hipotecarias.
El representante Barney Frank, presidente de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, dijo que quiere someter su proyecto a una votación la próxima semana, reflejando un creciente sentido de urgencia entre los legisladores para tomar medidas más audaces que puedan estabilizar el sistema financiero y la economía.
El plan de salvataje -conocido como el Programa de Alivio de Activos con Problemas o TARP, por sus siglas en inglés- ya ha destinado cerca de 350.000 millones de dólares a inyectar capital a los bancos y otras asistencias. La Casa Blanca debe pedirle al Congreso los siguientes 350.000 millones de dólares del fondo.
El proyecto de Frank, al que todavía le falta ser terminado, establecería condiciones para la entrega de la segunda mitad de los fondos del programa.
En una audiencia en la Cámara, Frank pidió un rápido progreso en el plan de estímulo económico y "la entrega de los otros 350.000 millones de dólares del TARP, siempre que podamos ponernos de acuerdo acerca de las medidas apropiadas para determinar la colocación de estos fondos".
El Departamento del Tesoro tendría que entregar 50.000 millones de dólares para reducir las ejecuciones hipotecarias bajo un plan que debe desarrollar para el 15 de marzo, para empezar a financiar el 1 de abril, bajo la fecha tentativa del proyecto entregado por Frank.
La propuesta del legislador también contempla que el Tesoro dé a los pequeños bancos más acceso al TARP, y requeriría además informes trimestrales de los participantes del TARP sobre su uso de los fondos del programa.
Otras garantías del borrador del proyecto establecerían limitaciones más estrictas acerca de las compensaciones a ejecutivos de empresas que acepten dinero federal y prohibiría a los bancos receptores del dinero usarlo para adquirir a otras instituciones "saneadas".
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