13:25 | Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, criticó la lentitud del Poder Judicial para llevar adelante el proceso por la matanza de Barrios Altos
El abogado Carlos Rivera calificó de indignante la reciente liberación de Ángel Arturo Díaz y Douglas Arteaga Pascual, ambos integrantes del grupo Colina, y criticó la lentitud del Poder Judicial para llevar adelante el proceso por la matanza de Barrios Altos. El Instituto Nacional Penitenciario informó en la víspera que ambos sujetos salieron de prisión hace siete días exactamente.
A Douglas Arteaga se lo sindica de agente infiltrado en Sendero Luminoso y quien informó que en el solar del jirón Huanta 840, Barrios Altos, el grupo terrorista iba a realizar una pollada el 3 de noviembre de 1991 para obtener fondos. Allí 15 personas, incluido un niño, fueron ejecutadas por el grupo Colina. Ángel Arturo Pino Díaz era procesado por los casos antes mencionados y por su presunta responsabilidad en las muertes de seis campesinos y la ejecución de la familia Ventocilla en Pativilca y Huaura, respectivamente, en 1992.
"Es cierto que el sistema de justicia actuó inicialmente de manera firme, pero con el pasar de los años esa actitud se fue relajando. No solo del grupo Colina, sino en los casos de violación a los Derechos Humanos, en casos de corrupción de funcionarios. Justamente por eso vemos una situación como la de ahora. En el pasado esto hubiera sido impensable", comentó Rivera a elcomercio.com.pe.
"Parece que importara poco que un miembro del grupo Colina saliera libre y sin sentencia. Eso merece una condena pública a las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público que han permitido esto", agregó.
Tras su liberación, la ONG Asociación Pro Derechos Humanos advirtió que cualquier hecho o atentado contra los testigos o deudos no solo será responsabilidad de los excarcelados, sino también del fiscal que, pese a todas las pruebas acumuladas, no procedió a denunciarlos.
Por su parte, Rivera lamentó que el proceso que se sigue por la matanza cometida en Barrios Altos lleve ya tres años y calificó de insostenible que, a pesar de las dificultades legales y políticas propias del caso, el Poder Judicial haya permitido que se extendiera tanto tiempo.