El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena, entre otras cosas, una indemnización para los familiares y disculpas públicas para 41 terroristas muertos tras el operativo "Mudanza 1" realizado en el penal de Castro Castro en 1992, sigue causando polémica. Funcionarios, jueces y hasta líderes de la Iglesia rechazan la sentencia, mientras que defensores de los derechos humanos piden no tergiversar el fallo.
(Reuters).- Un monumento de piedra llamado "Ojo que llora" por las víctimas de violaciones a los derechos humanos podría convertirse en la manzana de la discordia en Perú, que sufrió una guerra interna por casi dos décadas.
El presidente peruano, Alan García, dijo hace unos días que se sentía "indignado" por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenaba, entre otras cosas, disculpas públicas para 41 rebeldes muertos tras una incursión militar que sofocó un motín en una prisión en mayo de 1992.
El tema se ha tornado ahora en una polémica y funcionarios, jueces y hasta líderes de la Iglesia rechazan la sentencia, mientras que defensores de los derechos humanos la respaldan alegando que un Estado debe reconocer los abusos que cometió.
Según la sentencia de la CIDH, el acto de desagravio deberá ser transmitido por radio y televisión y los nombres de los rebeldes y las víctimas en el motín del penal Miguel Castro Castro deberán ser acuñados en el monumento "Ojo que llora".
"Están locos, no podemos 'homenajear' a los terroristas que hicieron sangrar al Perú", dijo Julio Romero, un obrero constructor de 44 años, parado frente al monumento que está enrejado dentro del parque limeño "Campo de Marte".
Perú tiene un año de plazo para cumplir el fallo que incluye una millonaria indemnización a los familiares de los rebeldes del grupo Sendero Luminoso muertos en el motín.
Durante la violencia interna, Perú registró 69.000 muertos y desaparecidos. Según datos de una comisión creada por el gobierno para investigar la violencia, Sendero Luminoso fue responsable de un 54 por ciento de las víctimas fatales.
TIEMPOS DE GUERRA
La incursión en el penal, conocida como "Mudanza 1", se realizó un mes después de que el entonces presidente Alberto Fujimori cerró el Congreso y asumió amplios poderes en una alianza con los militares para combatir a la guerrilla.
En la acción, que duró tres días, centenares de militares y policías ingresaron al penal por forados en paredes y techos abiertos con bombas en medio de disparos desde helicópteros.
Los internos se oponían al traslado de 135 mujeres acusadas de terrorismo en el penal. En otro pabellón habían 400 hombres sentenciados o con cargos de pertenecer a Sendero Luminoso.
Unos días después de sofocado el motín, Fujimori caminó victorioso entre centenares de presos tendidos en el patio del penal, como se vio en imágenes transmitidas por la televisión.
Según organismos de derechos humanos, Fujimori ordenó el operativo militar y el asesinato de los rebeldes de Sendero Luminoso, que prácticamente dominaban el penal donde realizaban actividades de propaganda y adoctrinamiento del comunismo.
Ese mismo año, en septiembre, Fujimori dio un duro golpe a Sendero Luminoso al capturar a su máximo líder, Abimael Guzmán, con lo que se redujo considerablemente la violencia que ahora sólo se focaliza en zonas rurales del país.
"Nadie se acuerda de las bombas y los atentados a diario que sufrimos durante el terrorismo", dijo Sofía Pacheco, una ama de casa de 52 años que rechaza la sentencia internacional.
Fujimori, destituído en el 2000 luego de un gran escándalo de corrupción, se encuentra en Chile bajo arraigo en medio de un proceso de extradición solicitado por Perú por cargos de violación a los derechos humanos y corrupción.
"Hay una concertación de sectores a favor de impunidad frente al abuso. No se trata de un homenaje a las víctimas, sino que el Estado reconozca la barbarie ante sus familiares, para que esto no se repita", dijo a Reuters Francisco Soberón, director del grupo de derechos humanos APRODEH.
TIEMPOS DE PERDON
Julia Peña, madre de dos internos que fueron víctimas de la reyerta, recuerda con dolor lo que pasó en el penal.
"Mi hija tenía 27 años y la mataron con un balazo en la cabeza cuando estaba ya rendida. Ella estudiaba en la universidad y estaba acusada de pertenecer a Sendero", afirmó a Reuters.
"Mi hijo (ahora de 42 años) salió herido de cinco balas y los militares lo llevaron a una morgue. Ahora vive con dos balas, una en el estómago y la otra en la pierna izquierda y cumple una condena de 20 años", agregó.
El testimonio de Peña, quien estuvo fuera del penal durante la incursión, forma parte del fallo de la CIDH que tiene carácter vinculante entre los países que firmaron la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, entre ellos Perú.
Soberón afirmó que el gobierno promueve el rechazo del fallo porque pesa sobre el presidente García una acusación sobre otra "matanza" de más de un centenar de guerrilleros amotinados en un penal en 1986, durante su primera gestión.
En la polémica en torno al fallo de la CIDH, algunos han solicitado demoler el monumento "Ojo que llora", inaugurado en el 2005 y que está rodeado de 32.000 pequeñas piedras, cada una acuñada con el nombre de una víctima de la guerra interna.
La Municipalidad de Jesus María ordenó desde el jueves el cierre del monumento para el ingreso del público. Un portavoz de la comuna se excusó de dar una explicación de la medida.
La ministra de Interior, Pilar Mazzetti, afirmó que brindar un homenaje y pagar una indemnización de 20 millones de dólares para los familiares de los fallecidos o heridos en el penal podría afectar "seriamente" la moral de las fuerzas armadas.
"Las cosas que se hicieron mal se tienen que corregir, pero tenemos que encontrar una ecuanimidad en la forma de hacer las correcciones. Creo que nuestro país ha pasado por mucho dolor y mucho sufrimiento y que cualquier cosa vinculada con legitimar la violencia no está bien", dijo Mazzetti.
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