El primer ministro Jorge del Castillo, advirtió que un fallo a favor de los pensionistas de la cédula viva (Ley 20530), por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bloquearía la reforma del Estado. También dijo que serían muy altas las indemnizaciones a favor de los pensionistas. Un grupo de pensionistas presentó una demanda ante el organismo hemisférico reclamando por su eliminación.
Durante su presentación ante la Comisión de Descentralización del Congreso, Del Castillo explicó que serían tan altas las indemnizaciones que tendría que efectuar el Estado a favor de estos pensionistas, que prácticamente se "tendría que sacar el pan de la boca a los jóvenes" para cumplir con esta obligación.
Como se sabe, un grupo de pensionistas ha presentado una demanda ante la CIDH, reclamando por la eliminación de la cédula viva, a través de una reforma constitucional efectuada durante el régimen del ex presidente Alejandro Toledo.
El primer ministro advirtió que estas personas "no están defendiendo a los pensionistas, sino a su bolsillo, pues pretenden seguir cobrando las pensiones millonarias, de entre 15 mil y 25 mil soles, y que impedía toda reforma de la política remunerativa del Estado".
"Si saliera una resolución a su favor, echaría por tierra toda posibilidad de reforma del empleo público; no podríamos hacer la reforma del Estado, nos pondría una valla altísima, imposible de superar (en cuanto a pensiones) y el Perú se vería al borde de ese hoyo negro que se quiso evitar con la reforma constitucional", señaló, según informa la agencia Andina.
El jefe del gabinete dijo que la comisión debe considerar que este caso no es una violación de derechos humanos, pues se trata de una reforma constitucional aprobada por el Congreso, en el marco de un régimen democrático.
"Un organismo internacional muy difícilmente debería o podría corregir una enmienda constitucional de un país soberano".
En este punto, informó que su despacho ha enviado un informa a la comisión, informando que no se trata de los derechos humanos de 30 o 40 personas, sino de todos los peruanos que no podían seguir pagando pensiones "millonarias" a un grupo de privilegiados.
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