La participación del presidente, Alan García, en un mitin de apoyo a la pena de muerte, motivó críticas de parte de analistas que acusaron al mandatario de usar el dolor de los familiares de las víctimas de la violencia con fines políticos.
Lima (dpa) .- "Esto no contribuye a la reconciliación del país, la cual sólo es posible alcanzar con justicia, pero con una verdadera, una que respete las instancias internas y las internacionales", remarcó el historiador Nelson Manrique, uno de quienes criticaban hoy a García.
"El presidente utiliza a los familiares de las víctimas del terrorismo para su beneficio político propio, queriendo responder a la muerte con más muerte, al salvajismo con más salvajismo", apuntó por su parte el analista Augusto Alvarez Rodrich.
García, que había prometido no comentar más el tema de la pena de muerte, recibió el viernes en el frontis de Palacio a unas 4.000 personas, buena parte de ellas familiares de víctimas de "Sendero Luminoso" y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, quienes se movilizaron por calles céntricas de Lima para exigir la aplicación de la pena capital.
"Yo no puedo silenciar el clamor de la inmensa mayoría del Perú, no puedo ocultar lo que el pueblo entero pide. Yo no tendré temblor en la mano para aplicar la máxima sanción", dijo García ante los manifestantes, a quienes definió como representantes de "ese 85 por ciento de peruanos que quiere sanción".
Para analistas como Álvarez Rodrich, el empeño de García, quien se respalda en la gran simpatía popular con que según las encuestas cuenta la pena capital, podría apuntar realmente a crear un choque con el Pacto de San José, de manera que el Perú quede fuera del alcance de la Corte y la Comisión interamericanas de Derechos Humanos, las que tienen en la agenda asuntos concernientes al primer gobierno suyo (1985-1990).
La idea del jefe de Estado es llevar el tema a referéndum, lo que es imposible según anticiparon entre otros el presidente del Tribunal Constitucional, César Landa, porque la Carta Magna tiene un artículo que prohíbe someter a consultas populares propuestas que conlleven la disminución de los derechos ciudadanos.
Los medios periodísticos destacan que en el mitin no sólo participaron familiares de las víctimas, como estaba previsto, sino también grandes cantidades de militantes del gobernante Partido Aprista y de beneficiarios de programas sociales del Estado que fueron llevados hasta el centro de Lima en autobuses.
Fue la primera vez, en cerca de tres años, que una manifestación puede llegar hasta las puertas de Palacio, lo que está prohibido por razones de seguridad.
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