14:05 | "Tales medidas son necesarias especialmente después de la denuncia de Rodolfo Robles", dijo el fiscal José Peláez
(DPA).- El fiscal del proceso contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori, José Peláez Bardales, exigió hoy medidas de protección para el ex vicepresidente Máximo San Román y el general en retiro de la Policía Ketín Vidal, de cuyos futuros testimonios se estima que serán comprometedores para el acusado.
Peláez Bardales dijo, según la agencia estatal de noticias Andina, que tales medidas son necesarias especialmente después de que el general en retiro del Ejército Rodolfo Robles, otro testigo fundamental para la parte acusatoria, denunciara que desconocidos persiguieron a un nieto suyo con aparente propósito intimidatorio.
San Román, vicepresidente de Fujimori hasta 1992, cuando pasó a la oposición por no estar de acuerdo con el autogolpe de Estado, sostiene que personalmente le transmitió al entonces mandatario información sobre la existencia del grupo Colina, autor de las masacres por las que ahora se le procesa, y este se negó a tomar cualquier medida de corrección.
Vidal, jefe de la Policía Antiterrorismo durante el régimen fujimorista, tiene por su parte diversos datos que podrían demostrar irregularidades.
Tanto San Román como Vidal están citados para que se presenten como testigos en los próximos días, por lo que Peláez Bardales no descarta que puedan ser víctimas de acciones de intimidación.
Robles, quien en la década pasada, cuando era el tercer principal mando del Ejército, denunció la existencia del Colina, por lo que sufrió persecución y destierro, reveló las acciones contra su nieto el miércoles, en medio de una de las sesiones del juicio.
El general, que viajó para prestar testimonio desde Guatemala, donde reside, ha hecho durante el juicio acusaciones consideradas contundentes contra Fujimori, a quien señala como el primero en la cadena de mando del Colina.
Fujimori niega haber conocido la existencia de esa organización, formada por agentes de Inteligencia y responsable de numerosos asesinatos, incluidas las dos masacres que dejaron 25 muertos y que le pueden costar al ex mandatario hasta 35 años de cárcel si se le confirma como autor mediato.