La Comisión de Ética archiva denuncia contra Del Castillo y Alva Castro

18:50 | El grupo de trabajo declaró improcedente la acción presentada por el legislador nacionalista Pedro Santos Carpio por presunto malo manejo de recursos

(Andina).- La Comisión de Ética del Congreso declaró improcedente, por unanimidad, una denuncia planteada contra el jefe del Gabinete Ministerial, Jorge del Castillo; y el titular del Interior, Luis Alva Castro, por una presunta infracción al Código de Ética Parlamentario al mantener vigente al personal asignado a sus despachos congresales.

La denuncia, que consecuentemente fue archivada por falta de fundamentos, había sido presentada por el legislador nacionalista Pedro Santos Carpio, quien acusaba a ambos parlamentarios por un presunto mal manejo de los recursos del Estado.

A través de su queja, Santos establecía que al desempeñar el rango de ministros de Estado ya no correspondía, supuestamente, que se siguiera pagando las remuneraciones asignadas al personal de sus despachos, en la medida en que ambos se encontraban de licencia.

Al respecto, la congresista Martha Hildebrandt expresó su oposición con la denuncia al señalar que la Constitución establece que el cargo de congresista es irrenunciable, lo cual alcanza también a las atribuciones que tienen los parlamentarios.

Por otro lado, la Comisión de Ética archivó también dos denuncias planteadas contra el legislador Isaac Mekler por el ex canciller de la República Francisco Tudela. Las quejas se referían a la intervención del citado parlamentario nacionalista en el caso de Felipe Tudela y Barrera.

Asimismo, se archivó una cuarta denuncia formulada contra el legislador nacionalista Juvenal Ordóñez por los representantes legales de una empresa privada.

Más adelante, la Comisión de Ética determinó que no corresponde a este grupo de trabajo ver el caso de la congresista Rocío Gonzales Zúñiga (no agrupada), quien tiene en su haber una sentencia judicial.

En este momento, la referida comisión escucha -en sesión reservada- los alegatos del congresista José Anaya Oropesa (UPP), sobre quien pesa una denuncia por haber adulterado supuestamente varias boletas de venta que fueron utilizadas para sustentar parte del monto que le asignó el Congreso por concepto de gastos operativos.