14:11 | Al hacer se comete los delitos de interceptación telefónica, peculado por uso y asociación para delinquir, precisó el abogado Luis Lamas Puccio
(Andina).- De comprobarse su responsabilidad, los dos marinos que presuntamente integraban la organización dedicada a la interceptación telefónica podrían ser condenados a penas de hasta 8 años de prisión, según el abogado penalista, Luis Lamas Puccio.
Indicó que en el caso de los marinos en situación de retiro las penas podrían llegar hasta 5 años, según el grado de responsabilidad en esa ilícita actividad.
"Estamos hablando de tres delitos: interceptación telefónica, peculado por uso y asociación para delinquir, cuyas penas fluctúan entre seis a ocho años de cárcel, dependiendo de los niveles de participación", anotó en diálogo con la Agencia Andina.
El letrado señaló que en el caso de los dos suboficiales de la Marina existe una agravante por ser funcionarios públicos y no descartó que puedan surgir más delitos por tratarse de una organización. "Este el comienzo de una madeja (.)", manifestó.
El jueves la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, anunció la captura de seis integrantes de una presunta red de interceptación telefónica, entre los que figuran los oficiales de mar Martín Fernández Virhuez y Jesús Ojeda Angeles.
Lamas Puccio destacó la labor del Ministerio Público y de la Policía Nacional y dijo que con la captura se ha puesto al descubierto una red mafiosa dedicada a violar el derecho a la intimidad en las comunicaciones.
"Las interceptaciones eran delitos que quedaba en la impunidad. Creo (que con esta captura) se toma conciencia a nivel de la ciudadanía y de las instituciones castrense de lo pernicioso que resulta la interceptación telefónica", remarcó.
El también vice decano del Colegio de Abogados de Lima sostuvo que las investigaciones deberán determinar el grado de responsabilidad de los oficiales de la Armada Peruana en situación de retiro, también detenidos por la policía.
Lamas Puccio se mostró de acuerdo con la propuesta para modificar el Código Penal y establecer sanciones severas a quienes trafiquen con la información obtenida a través del 'chuponeo', tal como lo planteó el premier Yehude Simon.