Retienen 25 discos duros de los investigados por el 'chuponeo'

7:20 | En tanto, juez desestima pedido de libertad de Ponce, Tomasio y Giselle Giannotti. Exculpan a tres ex ministros en informe de comisión que vio caso de 'petroaudios'.

Por Ítalo Sifuentes

Anoche este Diario conoció que han sido lacrados, a la espera de la acción del juez, los 25 discos duros de igual número de computadoras de los marinos y de la empleada de Business Track investigados por supuestamente pertenecer a una red de espionaje telefónico.

Estos discos duros fueron incautados el jueves 8 por agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional, a cargo del general Miguel Hidalgo, y los integrantes de la Tercera Fiscalía Provincial, a cargo del fiscal Walter Milla.

La indagación apunta a conocer las presuntas operaciones dolosas de espionaje telefónico en que habrían incurrido el contralmirante (r) Elías Ponce Feijoo, el capitán de navío (r) Carlos Tomasio de Lambarri, los oficiales de mar Martín Fernández Virhuez y Jesús Ojeda Angles, el oficial de mar (r) Jesús Tirado Seguín y la empleada Giselle Giannotti Grados. (Vea aquí un perfil de cada uno de ellos)

Además del local de Business Track, en la avenida Salaverry 2007 (Lince), se intervinieron los domicilios de los investigados en las calles Los Cedros 250 (Surco), Teniente Romanett 132 (San Isidro), en la manzana AZ, lote 11 de la urbanización Covitiomar (Santa Rosa), avenida Perú 3239 (San Martín de Porres), calle José Salas 449 (San Martín de Porres) y calle Siete 270 (San Isidro).

Los 25 discos duros se encuentran lacrados y en poder de la Dirandro y no pueden ser abiertos hasta que se resuelva si efectivamente se denunciará a estas personas por interceptación telefónica y asociación ilícita, delitos que habrían cometido según informó en conferencia de prensa el pasado jueves 8 la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz.

Dada la abundancia de información contenida en estos discos duros, se prevé que el Poder Judicial ampliará la detención preliminar de estas personas de 10 a 15 días, tiempo que, además, se utilizará para seguir interrogándolos.

En los primeros interrogatorios los oficiales de mar Ojeda Angles y Fernández Virhuez habrían aportado los nombres de algunas personas que serían llamadas como testigos si estos marinos resultaran acusados.

Dependerá de lo que declaren los seis detenidos para que la Dirandro y la fiscalía decidan investigar otras empresas dedicadas a los servicios de seguridad. El delito de interceptación telefónica está sancionado con pena de uno a tres años de cárcel y el de asociación ilícita de tres a seis años.

De ampliarse el plazo legal de la investigación de 10 a 15 días, esta no terminaría el próximo sábado 17 sino el próximo jueves 22, fecha en que si no se encuentran elementos contundentes tendrían que ser liberados.

El domingo pasado el Poder Judicial rechazó un pedido de libertad solicitado por los abogados de Ponce Feijoo, Tomasio de Lambarri y Giannotti Grados, quienes argumentaban haber sido detenidos injustamente. Ojeda y Fernández continúan sin abogados defensores.

Congresista quiere interrogarlos
El presidente de la comisión que investiga el 'chuponeo', Oswaldo Luizar (Bloque Popular), reveló ayer que había solicitado al coordinador de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada (Fecor), Mateo Castañeda, todo lo actuado hasta la fecha en la investigación a los marinos en actividad y en retiro involucrados en una presunta red de espionaje telefónico.

Se supo que este pedido no sería aceptado por el Ministerio Público, dado que podría filtrarse el contenido de las declaraciones que se están tomando a los oficiales de mar Martín Fernández Virhuez y Jesús Ojeda Angles, al contralmirante (r) Elías Ponce Feijoo, al capitán de navío (r) Carlos Tomasio de Lambarri, al oficial de mar (r) Jesús Tirado Seguín y a Giselle Giannotti Grados.

El Ministerio Público tampoco estaría de acuerdo con el pedido de Luizar respecto a que este fin de semana y en los siguientes días acudan él y los integrantes de la comisión investigadora que preside a la sede de la Dirandro para tomar los testimonios a estas seis personas detenidas.

Sin embargo, la visita de la comisión Luizar depende de la autorización que pueda dar el juez Edwin Yalico Contreras, del Juzgado Penal 15 de Lima, quien ordenó la detención preliminar de dichas personas mientras dure el plazo legal de las investigaciones, esto es un máximo de 15 días.
SEPA MÁS
- A través de la Resolución 1419-2008-MP-FN del 8 de octubre del año pasado, la fiscal de la Nación dispuso la primera investigación sobre la interceptación telefónica.
-Esta investigación a cinco marinos y una empleada de Business Track, supuestamente comprometidos en una red de espionaje telefónico, incluye el levantamiento del secreto de las comunicaciones.