¿Qué sucederá ahora con el aeropuerto de Chinchero?

Las negociaciones entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el consorcio Kuntur Wasi, encargado de construir, operar y mantener el proyecto del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco, no llegaron a buen puerto a finales de enero.

A la 1:41 de la mañana del 19 de enero, el consorcio informó mediante un comunicado que se encontraba sorprendido de que la comisión especial que representa al Estado en controversias internacionales (Sicreci) pusiera fin al período de trato directo que venía sosteniendo con el MTC. “Incluso habíamos presentado una propuesta de transacción que entendemos venía siendo evaluada por los abogados del Estado”, señaló José Carlos Balta, gerente general de Kuntur Wasi.

No obstante, desde el otro lado de la mesa, el MTC aseguró que fue el consorcio el que truncó las negociaciones. Según un comunicado enviado por el ministerio, ambas partes habrían acordado que Kuntur Wasi entregaría los terrenos de Chinchero al MTC el 16 de enero, pero el consorcio habría enviado un representante sin poderes y que se negó a suscribir el acta de entrega de los predios.

Además, según explicó Bruno Giuffra, titular del MTC, a este Diario, el consorcio buscó cambiar esta acta a última hora, de manera que la devolución no apareciera como voluntaria, sino obligatoria.

“Nosotros ya hemos resuelto el contrato [...] Las cláusulas estipulaban una penalidad por la resolución unilateral y un reconocimiento de los gastos vinculados al proyecto. Para cerrar ese acuerdo, necesitábamos los terrenos en un acto de buena fe en el marco de un entendimiento de trato directo”, detalló Giuffra.

EL SIGUIENTE PASO
Más allá de esto, la situación ahora está clara. El consorcio debe devolver las tierras, de propiedad del Estado, en un plazo de tres días, dijo Giuffra. “El Estado se reserva el derecho legal de actuar” de no cumplirse este plazo, aseguró el titular del MTC. Por su parte, Kuntur Wasi evaluaba entonces iniciar un arbitraje internacional para resolver la controversia. Y hoy lo confirmó.

​Lo que será importante para la defensa del Estado en el fuero arbitral, indicó Patricia Benavente, ex presidenta de Ositran, será poner en evidencia que de todas las condiciones que debía cumplirse para iniciar las obras del Aeropuerto de Chinchero, el Estado cumplió con todas las que correspondían.

“Lo único que no se cumplió fue la acreditación del Cierre Financiero por parte de Kuntur Wasi, obligación que suponía que el Estado apruebe el Endeudamiento Garantizado Permitido, y no simplemente con presentar -con mucho retraso- un esquema financiero, que fue rechazado finalmente por ser lesivo al interés del Estado conforme al contrato”, explicó.

Un arbitraje puede tener una duración aproximada de dos años, explicó Christian Chávez, abogado especialista en arbitrajes y socio de Baxel Consultores. En cuanto al costo de administración (los honorarios de los árbitros y la secretaría arbitral, así como los costos de la entidad administradora), estos pueden oscilar entre los US$300.000 y US$700.000. Ello sin contar con los gastos que las partes deban asumir para su representación (abogados, peritos, gastos de representación, etc.).

Por otro lado, la obra no estaría en suspenso durante el arbitraje. El Estado podría desarrollar una nueva licitación o los avances que considere pertinentes, salvo que exista una orden expresa en sentido contrario del Tribunal Arbitral. “La idea sería iniciar [el nuevo proceso] antes de fin de año”, anunció Giuffra.

Sin embargo, aún falta definir si el modelo del proyecto sufrirá algún cambio. José Luis Bonifaz, director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, asegura que la obra debería construirse vía una alianza público-privada. Asimismo, apunta que Kuntur Wasi debería entregar los estudios que hizo, pues ayudaría a que Pro Inversión tenga una idea más clara de cómo sería el aeropuerto.

​En ese sentido, Benavente consideró que para justificar la ejecución del proyecto bajo el modelo de APP, el MTC deberá aplicar los Criterios de Elegibilidad contenidos en la normativa vigente, y elaborar el Informe de Evaluación correspondiente, en la fase de Estructuración del Proyecto, considerando: niveles de transferencia de riesgos, niveles de servicio esperados, monto de inversión, costos de operación, de mantenimiento, el mecanismo de pago al inversionista, la evaluación económico-financiera del proyecto, así como un diagnóstico de los predios e interferencias. También, un análisis de la disponibilidad fiscal del Estado con el esquema de pagos propuesto.

“Deberán evaluarse las ventajas y limitaciounes de la obra pública tradicional y la dimensión del proyecto que justifique realizar un proceso de APP”, finaliza la ex funcionaria.

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