"Leyes trabadoras", porJosé Luis Bonifaz

Un marco regulatorio (conjunto de leyes y regulaciones) adecuado es necesario, ya que existen razones de fallas de mercado (poder de mercado, externalidades) o de interés público (salud, educación) que pueden justificar la existencia de reglas. Sin embargo, estas reglas deben ser racionales, ya que la regulación puede implicar requisitos o cobros, para la actividad privada y pública, que generan costos. Por eso, los costos que impone toda regulación se deben comparar con los beneficios esperados que genera en la sociedad. Esto es el llamado análisis costo-beneficio (ACB).

En el Perú, cada año se producen más de 20.000 normas. Tenemos más de 33.000 leyes vigentes y más de 14.000 derogadas. Aún faltan por derogar otras 4.000. Por producción no se quedan atrás nuestros legisladores. Pero, ¿qué hay de su calidad? Según la OCDE, aún no existe un sistema de evaluación para analizar si estas generan efecto positivo neto en la sociedad. Es más, la gran mayoría de proyectos de ley emitidos por el Congreso de la República no tienen un ACB adecuado, lo que termina produciendo numerosas trabas burocráticas a las empresas. Tanto es el daño que el número de procesos iniciados en el Indecopi por barreras burocráticas ha llegado a más de 5.000. De hecho, el crecimiento anual de procesos desde 1993 ha sido, en promedio, 27%. No por nada estamos en los últimos lugares en el ránking del World Economic Forum del 2016, donde el mayor obstáculo para generar inversión y empleo es la propia burocracia gubernamental.

Los peores efectos se ven luego de que las normas son lanzadas al ruedo. Las instituciones públicas se encuentran con tareas titánicas de fiscalización, monitoreo e implementación de las normas que les exigen mayor presupuesto. Las empresas, por su lado, deben adecuar sus productos para cumplir las normas y ese costo no es evaluado. Solo por citar un ejemplo, existe una ley (observada por el Ejecutivo) que obligaría a las empresas a remitir en siete días útiles la información del libro de reclamaciones al Indecopi, aun cuando el reclamo haya concluido por mutuo acuerdo de las partes. Esto obligaría al Indecopi a contratar más gente y a realizar compras de software para procesar la inmensa cantidad de información. ¿Acaso el proyecto de ley ha evaluado estos costos y los ha comparado con los supuestos beneficios que traería la norma?

Vivimos en un mundo lleno de leyes trabadoras y las consecuencias de estas se verán en el mediano plazo. Si no se pone remedio a esto, pronto tendremos un incremento en el gasto público para satisfacer los requerimientos de las normas y una reducción de la inversión, pues esta se irá a otros países con menos trabas burocráticas.

Por otro lado, las empresas tendrán mayores costos que los trasladarán a los usuarios a través de mayores precios. Por último, las normas sin ACB alteran el funcionamiento de los mercados y generan ineficiencia. ¿Qué hacer? Primero capacitar a nuestros legisladores y luego hacer obligatorio el ACB.

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