"¿La participación mejora la política fiscal?", por Caroline Gibu

El 30 de enero se difundieron los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2017 (www.openbudgetsurvey.org) donde el Perú obtiene una alta calificación (73/100) en transparencia presupuestaria, pero una nota desaprobatoria (22/100) en participación ciudadana en todo el ciclo presupuestal –formulación, aprobación, implementación y evaluación–. Esta nota desaprobatoria no solo alcanza al MEF sino también al Congreso y a la contraloría. La principal recomendación para el Gobierno Peruano es mejorar los mecanismos de participación del presupuesto público.

Ante ello, surgen inmediatamente varias preguntas: cuanto más transparente y más participativa, ¿la política fiscal será mejor? La democracia es el sistema que rige nuestro país, ¿pero es necesario aplicar los principios democráticos de transparencia, participación y rendición de cuentas a cada una de las acciones de planificación y decisión de gasto? ¿No estaríamos generando más burocracia y perderíamos velocidad? ¿No será que la participación en la política fiscal es una aspiración poco práctica en la realidad? Y a toda cuenta, ¿es más aceptable hacer un proceso de consulta a nivel micro que generar participación en la discusión de las políticas macrofiscales?

Para tratar de responder con evidencia a estas preguntas surgió la Iniciativa Global por la Transparencia Presupuestaria (GIFT, por sus siglas en inglés) que está recolectando casos de participación ciudadana en el ciclo presupuestal. 

La iniciativa está conformada por organizaciones de gobierno y sociedad civil, pero también por el FMI, la OCDE y la Federación Internacional de Contadores. Así, por ejemplo, el estudio sobre el impacto de la transparencia y la participación ciudadana en los procesos presupuestarios realizado por Paolo de Renzio y Joachim Wehner (2015) –en base a 38 investigaciones empíricas– concluye que la transparencia contribuye a lograr objetivos intermedios como la estabilidad macrofiscal. Sin embargo, resalta que solo a través de la participación ciudadana se logran objetivos de desarrollo reales, de largo aliento, cercanos a las necesidades de los ciudadanos.

GIFT también provee análisis de lo que están haciendo algunos países, en particular, el Poder Ejecutivo, las legislaturas y las contralorías. Algunos instrumentos resultan altamente novedosos –por no decir controversiales– para nuestro país. Por ejemplo, en Canadá tanto a nivel del Poder Ejecutivo como del Legislativo se realizan consultas en línea antes de la presentación de proyecto de ley de presupuesto; en Corea del Sur se ha establecido un sistema de consultas sobre política fiscal en donde un comité formado por 30 miembros del gobierno nacional y subnacional, expertos de la academia y sociedad civil discuten los lineamentos del proyecto de ley de presupuesto, opinando o incluso vetando algunas políticas.

Quizás la mayor resistencia en nuestro país respecto a la participación en el presupuesto no viene de la falta de evidencia, sino la poca fe que se tiene de los conocimientos, habilidades, motivaciones e interés de los ciudadanos para participar. Sin embargo, los paros y la creciente desconfianza son evidencia concreta de la necesidad de empezar a educar y comunicar e implementar mejores mecanismos para involucrar al ciudadano en el proceso presupuestario.

(Esta columna fue escrita por Caroline Gibu, directora ejecutiva
de Ciudadanos al Día)

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