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Por Jaime Vargas Luna

El Congreso ha aprobado extender por otro año la vigencia de los artículos 18, 19 y 20 de la Ley del Libro. Es decir, la exoneración del IGV a la importación y venta de libros, que beneficia a autores, editores, libreros y lectores; y los reintegros y créditos tributarios a los que, por ahora, solo acceden los editores más grandes del mercado.

El impacto positivo de la ley, promulgada el 2003, es innegable. El sector creció en más de 300 % entre 2003 y 2016, y aumentó notablemente su producción, además del número de editoriales activas (de las cuales alrededor del 80 % son pequeñas o microempresas). Han crecido también las ferias de libros del país, en cantidad, calidad y convocatoria. Además, se han creado el Plan Lector y el Sistema Nacional de Bibliotecas, entre otras iniciativas para desarrollar una ciudadanía lectora.

Sin embargo, seguimos lejos de alcanzar siquiera a nuestros pares regionales, ya que casi no hay en el Perú ni bibliotecas públicas —eje central del desarrollo lector de una sociedad—, ni librerías —pieza clave en un mercado sostenible—. La ley ha dinamizado el sector, pero queda un largo trecho por recorrer. Se necesitan beneficios tributarios permanentes o que su caducidad dependa de metas logradas y no de plazos fijos, que estos alcancen a todos los actores del libro, y que se renueve la ley centrándola en las bibliotecas.

El Ejecutivo debe promulgar la prórroga antes del 11 de octubre y discutir la renovación de la ley —que ya está trabajando el Ministerio de Cultura—, para asegurar que se centre en las bibliotecas, que siga promoviendo la industria editorial y que se apruebe antes que venza la siguiente prórroga.

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