Elecciones y exigencia ciudadana, por Gerardo Távara Castillo

En lo que va de la actual campaña electoral, Transparencia ha registrado alrededor de 20 extensos informes de medios de comunicación y plataformas informativas nacionales y regionales que dan cuenta de candidatos a gobiernos regionales y locales con antecedentes judiciales. A la vez, son incontables las alertas que vía redes sociales –Twitter y Facebook, especialmente– se divulgan cada día. Como hizo Verita, la plataforma que Transparencia puso en macha por primera vez en las elecciones del 2014, la prensa ha cruzado información de las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones con diversas fuentes para advertirnos sobre los riesgos de elegir a uno u otro candidato.

La información es amplia y valiosa. Está a disposición de quienes buscan en la prensa escrita, radial y televisiva y de quienes acceden a Internet. Y es confiable, pues el periodismo de investigación se va extendiendo con responsabilidad y objetividad saludables para la democracia. Que sea útil depende de cada uno de nosotros, de la valoración que le demos al momento de decidir nuestro apoyo y nuestro voto a un partido, movimiento regional o candidato; eso no lo puede determinar la prensa, queda en el ámbito privado de nuestras convicciones y conciencias. El voto es libre y secreto.

Los reportes a los que aludimos nos muestran un panorama bastante complejo y en gran medida desalentador, no lo podemos negar. No son pocos los candidatos y candidatas que arrastran condenas por diversos delitos, especialmente contra la administración pública, o que tienen procesos judiciales en curso, incluso quienes se encuentran en calidad de “no habidos”; es decir, fugados. Dichos informes incluyen a Walter Aduviri en Puno, Juan Calderón en Áncash, Victoria Espinoza en Chimbote, Absalón Vásquez en Cajamarca, Federico Salas en Huancavelica, Daniel Urresti en Lima, Agustín Lozano en Lambayeque, José Gordillo en Breña, Amado Romero en Madre de Dios, Ruby Rodríguez y César Trelles en Piura, y tantos otros sentenciados o investigados por supuestos delitos de especial gravedad. Aunque muchos de ellos no tienen una condena efectiva –y, por tanto, están habilitados para postular–, es muy importante que la población conozca los procesos en los que se encuentran y valoren esta información antes de decidir su voto.

Las redes de información son cada vez más extensas y difíciles de evadir; aunque todavía muchos no lo valoren suficientemente, su peso sobre las elecciones es creciente. En un contexto de alta corrupción política y desconfianza ciudadana, las alertas que nos lanza la prensa adquieren especial valor y relevancia. Un ciudadano informado, responsable y crítico puede valerse de esta información para ejercer su derecho al voto. Más que “puede”, debo decir “debe”, porque hemos llegado a un momento tal en el cual la desconfianza se ha convertido en una responsabilidad ciudadana. Insistimos –una y otra vez– en la necesidad de revisar las hojas de vida y los planes de gobierno, pero con una lectura crítica porque muchos nos mienten deliberadamente u ocultan datos relevantes. De allí la necesidad de contrastar la información.

La democracia peruana requiere de sus ciudadanos una actitud vigilante, crítica y exigente. Altamente exigente.